22 Jul EL OPOSITOR QUE HABÍA SUSPENDIDO FUE CON SU PADRE Y SU MADRE A RECLAMAR. ESTO ES LO QUE VI.

Vaya por delante que este artículo no cuestiona la labor de los Tribunales de oposiciones ni la discrecionalidad técnica que ampara sus decisiones. Tampoco la libertad de opinión, que es una cuestión distinta a la libertad de información. Lo que analiza es otra cosa: la construcción mediática que, en las últimas semanas, ha convertido a jóvenes opositores —y a sus familias— en objeto de mofa en diferentes medios de comunicación.

El debate público sobre los suspensos masivos en las oposiciones docentes se ha contaminado con un elemento tan llamativo como preocupante: una cierta burla hacia los aspirantes que reclaman sus calificaciones acompañados de sus padres. El fenómeno responde a un patrón conocido: se toma algún caso aislado (no forma parte del procedimiento selectivo la reclamación presencial ante un tribunal de oposición) y se eleva a símbolo de una supuesta «infantilización» de los futuros maestros y maestras que pretenden ejercer en la enseñanza pública.

El punto de partida de esta narrativa puede localizarse en el reportaje de El Mundo «Padres de opositores suspendidos los acompañan a reclamar los ceros: ‘Puso «globo» con «uve» muchas veces, pero se presentó con sus progenitores…’». En él se afirma: «Lo vemos cada vez con más frecuencia: opositores que acuden con sus padres a reclamar o padres que los acompañan a hacer el examen. Antes esto no ocurría. Es síntoma de un problema de la sociedad». Puedes leerlo AQUÍ.

En el mismo diario, bajo el título «Ollendo el abance de los globos» (sic), un articulista reflexiona sobre lo que denomina «el nuevo (e inquietante) fenómeno entre los padres de alumnos» y sintetiza su opinión con una frase: « Los hijos… Se empieza por ayudarles a colorear las dos florecillas del dibujito a los cuatro años y se acaba por acompañarles a la revisión de la oposición». Puedes leer el artículo AQUÍ.

A partir de ahí, el mismo enfoque se ha reproducido en canales de televisión, páginas de Facebook, en publicaciones de LinkedIn, en vídeos de YouTube y en distintos reels de Instagram que enfatizan la imagen de adultos dependientes de sus progenitores.

La repetición de titulares, clips y comentarios ha generado una auténtica corriente de opinión: los opositores acompañados por sus padres han pasado de ser titulares de un derecho de reclamación plenamente legítimo a convertirse en caricatura de la «sobreprotección» familiar. En lugar de analizar con rigor las tasas de suspensos y sus motivos, o los déficits del sistema de acceso a la función pública docente, el foco se desplaza hacia la imagen del opositor que necesita a sus padres para hacer una reclamación a la Administración.

PADRES Y MADRES QUE ACOMPAÑAN A SUS HIJOS E HIJAS A EJERCER SUS DERECHOS.

En la última semana he atendido a una decena de opositores que, solos o acompañados por sus padres, han solicitado asesoramiento por estar disconformes con sus calificaciones.

Me he interesado por conocer su dedicación a la preparación de las oposiciones. Son personas jóvenes que estudian entre seis y ocho horas diarias y que, en algunos casos, habían superado en convocatorias anteriores el mismo examen que ahora reclaman. Todos comparten un patrón: no entienden su calificación a la luz de los criterios de evaluación publicados por el Tribunal. Y un dato más: a ninguno se le ha pasado por la cabeza presentarse físicamente ante el Tribunal a reclamar. Esa escena que describe el reportaje es excepcional, porque es ajena al procedimiento de reclamación en los procesos de ingreso a los Cuerpos docentes, que se sustancia por escrito.

De todos ellos puedo decir que me ha sorprendido su gestión emocional de un momento tan difícil, su capacidad de expresión y comunicación, y el respeto con el que se han referido a los miembros de los Tribunales. Su queja no era contra las personas; era contra el modelo de proceso selectivo.

 En las visitas que he recibido han sido los opositores quienes han expuesto su caso, quienes han preguntado por sus derechos y por los plazos de respuesta de la Administración. Los padres y las madres escuchaban un paso por detrás, en silencio; en ocasiones intervenían, motu proprio, para expresar alguna opinión y, sobre todo, para poner en valor el esfuerzo que su hijo o su hija ha venido haciendo durante años.

A la vista del comportamiento de unos y de otros, entendí lo que estaba viendo y oyendo, que nada tiene que ver con la imagen publicada. Aquel acompañamiento no era una necesidad de los hijos: era, más bien, una decisión de los padres. Después de años viendo a su hija o a su hijo estudiar, aquellos padres no iban a quedarse en casa el día más difícil. Y los hijos, que podían haber ido perfectamente solos, les dejaron acompañarles.

Eso, para mí, no se llama inmadurez. En mi opinión se llama gratitud.

Dicho lo anterior, sorprende que sorprenda que, en un procedimiento administrativo, un ciudadano pueda relacionarse con la Administración acompañado de quien estime oportuno.

Un aspirante que no supera un proceso selectivo tiene pleno derecho a acudir acompañado de su padre o de su madre —como de cualquier otra persona de confianza— cuando se dirige a la Administración para pedir información, acceder a su expediente o presentar recursos. Y ese acompañamiento no puede confundirse con inmadurez ni con falta de autonomía personal.

No es una concesión moderna. La posibilidad de actuar por medio de representante ya figuraba en la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 (hoy, artículo 5 de la Ley 39/2015); y el derecho a actuar asistido de asesor «cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses» se reconoció expresamente en la Ley 30/1992 (artículo 85.2) y se mantiene en el artículo 53.1.g) de la Ley 39/2015. A ello se suma el principio de buena administración —consagrado en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea—, que obliga a tratar al ciudadano como sujeto de derechos, capaz de decidir libremente cómo afrontar una situación de especial carga emocional o jurídica.

En un sistema complejo, con normas técnicas, rúbricas de evaluación que en ocasiones se desconocen y decisiones que condicionan durante años una vida profesional, buscar apoyo afectivo, logístico o jurídico en la familia es una forma legítima de protegerse y de entender mejor el proceso; no una señal de infantilización. La verdadera madurez está en ejercer los derechos de revisión y defensa de manera informada, aunque se elija no hacerlo en soledad.

Es decir: que un joven acuda acompañado ante la Administración no es un síntoma generacional. Es un viejo derecho en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que ha cambiado no es la ley; es la mirada de quien hoy, en tiempos de polarización social, lo convierte en motivo de burla.

LO QUE DE VERDAD (EN MI OPINIÓN) RETRATA ESA IMAGEN.

La edad media de emancipación en España ronda los 30 años, muy por encima de la media europea, y buena parte de los jóvenes con empleo sigue viviendo en el hogar familiar; no por comodidad, sino porque los salarios y los alquileres no permiten un proyecto de vida independiente. Este sí es un verdadero problema social: el lastre de toda una generación para desarrollar su proyecto vital.

Preparar una oposición docente es, en la práctica, un proyecto de inversión familiar: años de dedicación, el coste de la preparación, la renuncia a otros ingresos. Los padres y las madres que acompañan a reclamar a sus hijos e hijas suelen ser los mismos que llevan años sosteniendo ese esfuerzo.

 LA PREGUNTA QUE DEBERÍAMOS HACERNOS.

Detrás de la mayoría de los opositores caricaturizados hay una persona que ha hecho todo lo que le pedimos: estudiar una carrera, cursar un máster habilitante para ingresar en algunos cuerpos docentes, acreditar idiomas, encadenar años de interinidad y jugárselo todo a un examen regulado por normas de otra época. Cuando el resultado es una avalancha de suspensos, la pregunta seria no es (solamente) qué le pasa a esta generación. Es qué le pasa a un sistema de ingreso que lleva casi dos décadas sin reformarse y a un debate público que simplifica una realidad y que aplaza constantemente la necesidad de actualizar el proceso de selección del profesorado de la enseñanza pública.

En definitiva, a los jóvenes que he atendido estos días solo puedo decirles una cosa: seguid ejerciendo vuestros derechos con la misma educación y la misma solidez con la que me planteasteis vuestro caso. Reclamar no es una rabieta; es un derecho.

La historia de las mejoras de las garantías de los aspirantes en los procesos selectivos la han escrito, siempre, los que reclamaron.

Si quieres el análisis jurídico completo de la polémica de los suspensos masivos —criterios de los tribunales, jurisprudencia y reformas pendientes—, lo he publicado en Aula de Inspección, mi blog profesional: puedes leerlo AQUÍ.

Juan José Arévalo Jiménez.