PISA para una país sin consensos. - Juan Jose Arevalo Jimenez
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PISA para una país sin consensos.

Hemos celebramos el 45 aniversario de la Constitución Española; una Ley con un trasfondo histórico que explica la complejidad de los elementos que configuran nuestro sistema educativo al desarrollar el derecho fundamental a la educación y a la libertad de enseñanza reconocidos en el artículo 27 de la carta magna.

Aquellos políticos que elaboraron la Constitución buscaron el consenso, definido por Alfonso Guerra que intervino junto a Abril Martorell en la redacción de la Constitución Española de 1978, como la “nómina de las renuncias que tuvieron que hacer todos para lograr el acuerdo”. Hoy vivimos en un clima de polarización social y política que convierte el acuerdo y el pacto en algo subversivo.

En este contexto se mueve la educación en España. Un derecho y una libertad reconocidos constitucionalmente en un marco de compromiso y concordia, que hoy se desarrolla y se ejecuta en un escenario escasamente fiel al espíritu de la Constitución Española, puesto que en la actualidad la política educativa se desenvuelve en el terreno de la disputa, el enfrentamiento y la promesa de derogación de cualquier Ley aprobada por el adversario.

No debería ser así, pues el sistema educativo español se configura de acuerdo con los valores de la Constitución (artículo 1 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo LOE), pero es una triste realidad que la educación en España, actualmente, forma parte de una batalla ideológica.

Ha coincidido esta efeméride con la publicación de los datos de la evaluación PISA que señalan que España obtiene sus peores resultados (aunque con matices y en un entorno de empeoramiento global). Rápidamente han surgido titulares de prensa, opiniones de expertos y no tan expertos sobre los factores que los provocan, a pesar de que estamos ante un diagnóstico que no entra a valorar las causas que provocan los resultados concretos por país.

Cualquier valoración que se haga sobre los resultados de una evaluación, ya sea en un centro de enseñanza o a nivel autonómico, estatal o internacional, debe tener muy presente el contexto educativo en el que se realiza (así lo señala el artículo 141 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo LOE). Por este motivo, estas son buenas fechas para recordar las responsabilidades políticas de quienes plantean perspectivas enfrentadas de la enseñanza que debilitan al sistema educativo español con políticas fragmentadas, efímeras y, en muchas ocasiones, incoherentes.

Volvamos a la evaluación de PISA de las competencias en Matemáticas, Comprensión lectora y Ciencias. En primer lugar ha de señalarse que España asume un compromiso con los objetivos educativos europeos e internacionales, en la búsqueda de la calidad y la equidad de los sistemas educativos.

Ante la incapacidad para llegar a un pacto educativo, en España, hubiera sido deseable, en mi opinión, que las competencias en educación hubieran sido asumidas por la Unión Europea, en los mismos términos que la política económica o fiscal, pues ello hubiera facilitado el consenso. Quizás, en nuestra situación actual, tengan más sentido que nunca las palabras de Jean Monnet, uno de los padres de Europa, que vino a decir “si pudiera empezar otra vez, empezaría por la educación”. Se estaba refiriendo a la educación como un instrumento esencial para motivar e informar la participación ciudadana, así como para conformar las identidades, los sentimientos de pertenencia, la solidaridad entre personas, pueblos y naciones.

A nivel europeo se aplican recomendaciones y, en concreto, España asume la Resolución del Consejo relativa a un marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación con miras al Espacio Europeo de Educación y más allá (2021-2030) que establece como prioridad aumentar la calidad, la equidad, la inclusión y el éxito de todos en el ámbito de la educación y la formación. Y define la calidad como el dominio de las competencias clave, incluidas las capacidades básicas, que son objeto de evaluación en PISA, considerando como bases fundamentales para el éxito futuro del alumnado, el apoyo de profesores y formadores altamente cualificados y motivados, así como de otro personal educativo.

En una primera aproximación a los resultados del informe PISA que son parciales y no ofrecen datos causales, como señala Alejandro Tiana, se ponen de manifiesto, en mi opinión, algunas evidencias y carencias del sistema educativo español.

Una evidencia es que con la misma Ley Orgánica de Educación (ya sea la actual o las anteriores) los resultados de las diferentes Comunidades Autónomas son dispares. En este sentido es destacable el buen resultado obtenido por Comunidades Autónomas como Castilla y León, Asturias, Cantabria, Galicia y Madrid, frente al de otras comunidades y ciudades autónomas que obtienen resultados por debajo de la media de la OCDE, de la UE, o incluso de España, en su conjunto.

Tiene mucho que ver con la población (atendiendo a los indicadores del índice social, económico y cultural) de los diferentes territorios y la forma con la que los poderes públicos y centros educativos en un estado descentralizado desarrollan y ejecutan sus competencias en materia educativa.

Una segunda evidencia es que sabemos que la pandemia de la COVID-19 ha supuesto una pérdida de aprendizaje que afecta a los malos resultados de los países participantes en esta evaluación PISA. En este marco España empeora menos que otros países y conviene recordar que nuestros centros educativos volvieron a la actividad presencial y a la “nueva normalidad” antes que los de otros países de nuestro entorno. Una “nueva normalidad” que supuso dejar en manos de la autonomía de los centros educativos y del profesorado la gestión de una realidad, para la que no se tenían respuestas previas. Conviene recordarlo ahora, porque aquellas acciones ponen en valor la educación presencial y el papel de los docentes para favorecer la respuesta educativa, en entornos de mayor equidad (puedes leer AQUÍ, un artículo escrito durante la pandemia, sobre este tema).

PISA es un punto de partida de gran importancia para España, donde, con carácter general, la clase política ignora que la evaluación del sistema educativo debe contribuir a mejorar la calidad y la equidad de la educación, a orientar las políticas educativas y a aumentar la transparencia y eficacia del sistema educativo, tal y como establece la propia Ley Orgánica de Educación (artículo 140). Existiendo organismos responsables de la evaluación, tales como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, organismos autonómicos o la propia inspección de educación que participa en la evaluación del sistema educativo (artículo 151. c de la LOE) no se apuesta por poner en marcha evaluaciones nacionales y autonómicas que sirviendo de punto de ayuda y contraste a las evaluaciones internas de los centros educativos ofrezcan resultados objetivos y transparentes del cumplimiento de los compromisos educativos contraídos en relación con la demanda de la sociedad española y las metas fijadas en el contexto de la Unión Europea.

Tenemos un problema estructural si apostamos por relatos y teorías para resolver los problemas a los que se enfrenta la educación, en lugar de asumir que sólo con la evaluación rigurosa y técnica podremos obtener un diagnóstico de la situación en la que nos encontramos y hacer juicios de valor profesionales que nos permitan introducir, entre otros factores, las innovaciones necesarias para mejorar la cualificación y formación del profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, humanos y materiales, la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función directiva, la orientación educativa y profesional que contribuyan a garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la educación en términos de calidad e inclusión educativa, para favorecer la tan necesaria cohesión social en nuestro país.

En este sentido surgen noticias, en prensa, como la referente a que un grupo de investigadores afirman que “Las administraciones educativas españolas apenas explotan la información masiva de que disponen, a pesar de que, anonimizados, los datos podrían servir para diseñar mejores políticas de enseñanza y ayudar a los centros, docentes y familias a tomar decisiones”. También es destacable el hecho de que en el informe “El Monitor de la Educación y la Formación” que presenta el análisis anual de la Comisión Europea sobre la evolución de los sistemas de educación y formación en el conjunto de la UE, cuando se refiere a España suele utilizar datos aportados por estudios particulares o de entidades, sin que consten, con carácter general, datos oficiales fruto de la investigación y evaluación del sistema educativo español.

PISA nos ofrece resultados muy distintos en las diferentes comunidades y ciudades autónomas. La primera responsabilidad de estos poderes públicos es someter a evaluación sus propias políticas educativas, para buscar la mejora continua de los procesos y resultados y una mayor coordinación, eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos. Esta responsabilidad no debería ser una opción, puesto que la evaluación de las administraciones públicas, está contemplada en la normativa básica del Estado (artículo 141 de la LOE) tras la modificación introducida por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Siendo necesario que en la Conferencia Sectorial de Educación se compartan indicadores, criterios, juicios de valor y buenas prácticas transferibles entre comunidades.

De no hacerlo, seguiremos evitando observar con atención los problemas del sistema educativo español, eludiendo la realidad y nuestra responsabilidad en su evaluación e investigación para ofrecer una mayor calidad. Dejar pasar el tiempo y no ver los riesgos a los que nos enfrentamos, no debería ser una opción. Si lo hacemos podemos esperar a la próxima evaluación de PISA mientras recordamos una paremia extraída de la obra Don Quijote de la Mancha, atribuible a Sancho: “ojos que no ven corazón que no quiebra”.

 

 

 

 

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