A VUELTAS CON LA SUPERVISIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO POR LA ALTA INSPECCIÓN - Juan Jose Arevalo Jimenez
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A VUELTAS CON LA SUPERVISIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO POR LA ALTA INSPECCIÓN

La propuesta de reforzar la Alta Inspección para supervisar el posible adoctrinamiento del alumnado en alguna comunidad autónoma, así como, en el sentido expuesto, supervisar los libros de texto y material escolar, exige un profundo cambio normativo que probablemente roza lo inconstitucional.

En primer término conviene diferenciar que la inspección del sistema educativo se lleva a cabo, en las comunidades autónomas, por funcionarios docentes que pertenecen al cuerpo de inspección de educación. Su ordenación y regulación ha sido transferida a las comunidades autónomas, en el ejercicio del desarrollo legislativo y ejecución de la competencia de educación y tienen competencias distintas a la Alta Inspección del Estado

En democracia se ha llevado al Tribunal Constitucional el conflicto de competencias entre la inspección de las comunidades autónomas y la Alta Inspección del Estado. En concreto con el Real Decreto 480/1981, de 6 de marzo, sobre «funcionamiento en el País Vasco y Cataluña de la Alta Inspección del Estado en materia de enseñanza no universitaria». El Tribunal Constitucional falló señalando en la STC 6/1982 que la Alta Inspección del Estado, “constituye una competencia estatal de vigilancia, un instrumento de verificación o fiscalización que puede llevar en su caso a instar la actuación de los controles constitucionales establecidos en relación con las Comunidades Autónomas”.

En sentencias posteriores, el Tribunal Constitucional dice que  la Alta Inspección constituye una competencia estatal de vigilancia, pero no un control genérico e indeterminado que implique dependencia jerárquica de las Comunidades Autónomas respecto a la Administración del Estado

De alguna manera se identifica a la inspección de educación dependiente de las comunidades autónomas como una inspección técnica de supervisión del ejercicio de la autonomía de los centros y del proceso de enseñanza y aprendizaje. Junto a ella, la Alta Inspección “recae sobre la correcta interpretación de las normas estatales, así como de las que emanan de las asambleas comunitarias, en su indispensable interrelación”.

En la LOMCE se atribuyó una nueva competencia a la Alta Inspección, que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 14/2018, de 20 de febrero de 2018, ante el recurso presentado por el Gobierno de Cataluña, por invadir competencias de la comunidad autónoma. El TC declaró inconstitucional que la Alta Inspección tuviera las competencias en la intervención directa  en la escolarización de los alumnos en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña y al derecho del alumnado, en determinado grado, a recibir enseñanza en castellano pues se configura «dentro del marco de la programación educativa» de esta región.

¿Cuál fue el motivo?  Dice el Tribunal Constitucional que estas funciones atribuidas a la Alta Inspección desbordan de modo manifiesto la función de comprobación, fiscalización o verificación «que hemos considerado adecuada al marco constitucional, para penetrar de lleno, precisamente, en la indebida asunción directa y exclusiva por el Estado de una competencia de ejecución propia de la Comunidad Autónoma».

¿Y los libros de texto y materiales curriculares quien los supervisa?. Pues tampoco compete a la Alta Inspección del Estado. Si leemos la LOE, nos dice:

Disposición adicional cuarta. Libros de texto y demás materiales curriculares.

  1. En el ejercicio de la autonomía pedagógica, corresponde a los órganos de coordinación didáctica de los centros públicos adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas.
  2. La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje, que debe velar por el respeto a los principios y valores contenidos en la Constitución y a lo dispuesto en la presente Ley.

La supervisión de los libros de texto y materiales curriculares corresponde a la inspección de las comunidades autónomas, con el reparto actual de competencias, reconocido constitucionalmente.

¿Qué paso con aquel famoso informe de la Alta Inspección respecto al adoctrinamiento en los libros de texto en Cataluña?  Fue una petición del Gobierno del Partido Popular. Ha sido reclamado por algunos sectores y partidos políticos tener acceso a esta información. Pero no se ha hecho pública.

Alguien cansado de esperar se dirigió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, reclamando acceder a este informe en base a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Este Consejo en la Resolución 591/2018 desestima la petición del reclamante, en base al siguiente criterio: “la documentación solicitada, tiene la naturaleza de información auxiliar, tanto por las cuestiones que trata como por las valoraciones que se realizan. A este respecto, debe destacarse que, a nuestro juicio, dicho Informe es más un instrumento de gestión interna y de toma de contacto con la realidad educativa en un determinado territorio español que información relevante para  el  proceso  de  toma  de  decisiones,  que  finalmente  no  han  tenido  lugar, especialmente cuando las competencias en materia de educación corresponden a las Comunidades Autónomas”

En resumen,

Sin comentarios.

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