12 Oct ¿Alguien tiene un modelo de programación didáctica LOMLOE?.

Por su naturaleza la educación vive en la incertidumbre permanente. Una incertidumbre que se agrava en España al haber convertido la educación en una herramienta electoral con reformas permanentes, de calado político.

Desde el año 2006, con la publicación de la Ley 2/2006 de 3 de mayo, Ley Orgánica de Educación (LOE), se ha incorporado al currículo español un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la adquisición de competencias clave por parte del alumnado, en un marco de inclusión educativa. Pero, para quienes han participado en la elaboración de la nueva Ley educativa (LOMLOE), el enfoque competencial de la educación ha tenido verdaderas dificultades para aterrizar en los centros educativos y en las aulas.

Puedes ver en este enlace, una interesante reflexión, al respecto, del catedrático Cesar Coll, que ha participado en la elaboración del nuevo currículo.

Es una realidad que el aprendizaje por competencias en las aulas está llegando de manera aislada, fruto del compromiso de parte del profesorado, con unas leyes educativas que nacen de políticas que (en palabras de los profesores Jesús Manso y José Moya) “han hecho que la profesión docente, en general, y la formación del profesorado en particular, hayan sido cuestiones permanentemente olvidadas y/o aplazadas. Inercias, rémoras, intereses creados, han hecho que el modelo de profesión docente haya quedado subordinado a la solución que se daba a otras cuestiones (la organización de los centros, el currículo..etc)”.

Nuestro sistema educativo podría mejorarse cambiando el aprendizaje y la cultura de la organización que implementa este servicio público, pero requiere de mucho tiempo de formación y asesoramiento. En España pensamos que es la Ley, por el mero hecho de su implantación, la que introducirá nuevos patrones de calidad educativa y se prescinde del consenso general que, en los sistemas más avanzados, sitúa a los docentes al frente de cualquier cambio que se quiera implantar.

La LOMLOE establece que el Gobierno, consultadas las comunidades autónomas y los representantes del profesorado, presentará, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley (enero 2021), una propuesta normativa que regule, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo profesional docente (disposición adicional séptima). Este plazo se ha incumplido por el Gobierno y todo apunta, a la vista de la inminencia de nuevos procesos electorales, que la definición y el desarrollo de un modelo de profesión docente, quedará, nuevamente, en el olvido (al menos durante esta legislatura).

Este Gobierno y los anteriores tienen prisa por implantar sus nuevos currículos. Un proceso complejo que llega tarde o incluso no llega antes de empezar el nuevo curso. Porque el ritmo de implantación también lo marcan las Comunidades Autónomas, afines y no afines, con la publicación de los decretos de currículo. Al final del proceso espera el profesorado, sin tiempos de formación individual y de reflexión conjunta, para llevar a la práctica el nuevo diseño curricular.

Porque un aprendizaje competencial para que sea efectivo exige tiempos de planificación y coordinación del profesorado para poner en marcha el capital profesional de los centros educativos que permita entender y ejercer la autonomía pedagógica que le confiere la Ley desde el año 2006. Tal y como señala Cesar Coll, un amplio margen de autonomía de los centros educativos es  “condición sine qua non” para desarrollar el aprendizaje por competencias.

Con esta grave debilidad estructural que supone no tener un estatuto de la profesión docente, el sistema educativo español responde a los desafíos del presente y del futuro solicitando a los docentes compromiso con su tarea. “La actividad de los centros docentes recae, en última instancia, en el profesorado que en ellos trabaja. Conseguir que todos los jóvenes desarrollen al máximo sus capacidades, en un marco de calidad y equidad, convertir los objetivos generales en logros concretos, adaptar el currículo y la acción educativa a las circunstancias específicas en que los centros se desenvuelven, conseguir que los padres y las madres se impliquen en la educación de sus hijos, no es posible sin un profesorado comprometido en su tarea” (preámbulo de la LOMLOE).

Y aquí nos encontramos, a principio del curso 22/23 en el que se implantan los currículos de los cursos impares de la LOMLOE. Convertir los nuevos objetivos de la Ley en un plan de acción de calidad que atienda a la diversidad del alumnado, pasa por la elaboración de las programaciones didácticas. Una práctica reflexiva, del profesorado, que requiere de formación y tiempos para la toma decisiones conjuntas que afectarán a la atención y evaluación de los estudiantes.

A una semana de que comenzara este curso escolar, la prensa anunciaba que “siete comunidades tienen sin aprobar los temarios escolares” y diferentes medios recogen la situación que vive el profesorado, ante esta nueva incertidumbre: “¿Alguien tiene algún modelo de programación de Lomloe?. Es una de las preguntas, que más se escucha en estos días de principio de curso, de la que se hace eco la prensa .

El compromiso de los docentes es una combinación de propósito y pasión que se va debilitando, respecto a una estrategia de reforma en sí misma, porque afecta a la manera de trabajar de una generación de profesorado que ve permanentemente aplazado un verdadero reconocimiento profesional y social a su labor.

Ante las dificultades, del inicio de este curso académico, el profesorado recibe la confianza y la empatía de la Administración que le envía mensajes tranquilizadores para cumplir con su tarea. Pero ese profesorado al que se le pide compromiso y tiene un fuerte sentido de la profesionalidad se preocupa y se ocupa por otra realidad. Sabe que una Ley cuando está en vigor y es aplicable no admite demoras; sabe que el destinatario final del currículo, no son los docentes, sino que es el alumnado y sus familias; y sabe que tiene que cumplir con diligencia sus tareas, porque así lo exige el código de conducta de los empleados públicos, para dar respuesta con su programación didáctica a una reclamación de calificaciones o una denuncia, en cuanto al rendimiento en el aula o a la aplicación de las medidas de atención individualizada que establece la nueva legislación.

Las prisas no son buenas consejeras y para salvar los plazos corremos el riesgo de seguir maquetando los cambios legislativos en documentos que dejen en mera retórica la autonomía pedagógica de los centros educativos.

Y terminamos con Michael Fullan experto en cambio escolar y consultor sobre las reformas educativas en muchos países del mundo. Afirma que “para cambiar la enseñanza debemos realmente comprenderla y a las personas que la imparten en lugar de forzar soluciones simplistas basadas o justificadas en estereotipos simplistas de lo que conlleva su trabajo. Cuando la puerta de la clase se cierra el maestro siempre continúa estando a cargo. En cuanto  a los estudiantes se refiere, el maestro siempre será más poderoso que el director, el presidente o el primer ministro. El progreso exitoso y sostenible nunca se puede hacer para los maestros. Solo se podría hacer por y con ellos”.

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Juan José Arévalo Jiménez