Cultura del esfuerzo y justicia social - Juan Jose Arevalo Jimenez
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Cultura del esfuerzo y justicia social

El sistema educativo está imbricado en la sociedad. No hay reforma del sistema que pueda resolver por si sola los problemas que se originan fuera de él. Además, una sociedad dividida y enfrentada tiene un campo abonado en la educación, para hacer valer sus diferencias.

Fruto de lo anterior, son las controversias y debates que acompañan a las reformas educativas en España; fundamentadas más en convicciones ideológicas que en evidencias o en la evaluación comparativa con los países de nuestro entorno.

A raíz de la publicación de la normativa que establece que se podrá titular en la ESO, sin tener como referencia el número de asignaturas suspensas y que el Título de Bachillerato puede obtenerse con una asignatura suspensa, se han escuchado voces en diferentes medios que alertan sobre la pérdida de la cultura del esfuerzo. Frente a ellos están los que argumentan que la valoración del esfuerzo, como factor prioritario para medir el rendimiento académico es fuente de inequidad, dado que el origen social, económico y cultural del alumnado es determinante en los logros del alumnado.

Vivimos en una sociedad cambiante con una tendencia a revisar constantemente el significado de algunas palabras que integradas en nuestras vidas quedan descatalogadas por quienes no las comparten y son sustituidas por un nuevo lenguaje, que puede acabar escondiendo el mismo concepto. Creo que algo así ocurre con el significado de “esfuerzo”, que supone algo consustancial al ser humano y que se traduce en una acción y  una actitud para conseguir un fin concreto (RAE).

En ese agrio debate que acompaña a todas las reformas educativas, existen posturas encontradas que, en muchas ocasiones, no se corresponden con la letra y el espíritu de la Ley, que se ensalza o critica.

En concreto y para quienes critican la denominada cultura del esfuerzo, convendría recordar que la Ley vigente (LOE 2006, modificada en el año 2020) mantiene como uno de sus principios el del esfuerzo compartido (alumnos, familias, Administraciones y sociedad en general) para que el alumnado alcance el éxito escolar. En ese sentido, uno de los principios del sistema educativo, desde el año 2006, es el del esfuerzo individual y la motivación de alumnado (artículo 1 de la LOE) y la Ley Orgánica que regula el Derecho a la educación (LODE 1985) reconoce como primera obligación de los estudiantes la de estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades. Para finalizar diremos que el mérito es uno de los principios de funcionamiento del sistema educativo español (así se mantiene en la actual reforma, una vez que fue introducido por la Ley anterior, LOMCE, de 2013).

Todos nuestros niños y jóvenes tienen talento. Unos son innatos y otros pueden ser adquiridos mediante el esfuerzo. Al que podemos también denominar actitud resiliente, perseverancia o tenacidad en la consecución del logro personal.

La acreditación del esfuerzo personal requiere, para adaptarse a la singularidad del individuo, de unos procedimientos de evaluación variados, diversos y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado.

Entre los fines del sistema educativo está el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades del alumnado y para conseguirlo se requiere, en primer lugar, constancia y empeño, frente a la cultura de la inmediatez. Porque la inmediatez, especialmente para aquellos que tienen menos oportunidades, supone ahogar la confianza en uno mismo y las posibilidades de mejora de su recorrido vital, en el futuro.

Una de las bases de la educación inclusiva es aprender a ser; que requiere del esfuerzo individual para aprender a conocer, hacer o convivir en sociedad. Si el esfuerzo es la base para una preparación que permita a todo el alumnado participar activamente en la sociedad; recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, es la condición para garantizar la igualdad de oportunidades. Además forma parte del derecho fundamental a la educación que deben prestar las Administraciones educativas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Hablamos de justicia social, de equidad. De la obligación constitucional de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud (artículo 9.2 de la C.E).

Volviendo al origen del debate que surgía por el nuevo modelo de evaluación implantado con la reforma educativa; ésta deja en manos del equipo docente el aumento “de las oportunidades educativas y formativas de toda la población, que contribuya a la mejora de los resultados educativos del alumnado y que satisfaga la demanda de una educación de calidad para todos” (RD 984/2021) y en este proceso, la norma recuerda que habrá de evaluar con objetividad el esfuerzo del alumnado (artículo 4).

La nueva reforma reconoce, en la educación básica, el derecho del alumnado con dificultades de aprendizaje a contar “con los apoyos que cada uno precise” (artículo 8.2 y 10.2 del RD 984/2021) apuntando al principio de justicia social; sin embargo las “oportunidades educativas” “de una educación de calidad para todos” que plantea el nuevo ordenamiento legal se han de poner en marcha sin nuevos medios, ni recursos. La disposición única del RD 984/2021 establece que este nuevo marco legal “no podrá suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal”.

Se apela, por tanto, a elevar la autonomía del centro educativo (en materia de promoción y titulación del alumnado) para, con los medios y recursos disponibles, personalizar los aprendizajes del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y ofrecer mayores cotas de  calidad y equidad en la prestación del servicio público.

Las oportunidades de aprendizaje que puede ofrecer un centro de enseñanza, desde el ejercicio de la autonomía pedagógica y organizativa, pueden suponer mejoras en el rendimiento académico del alumnado. Pero existe un riesgo. La evidencia sugiere que un grado muy elevado de autonomía de los centros, sin medios suficientes, puede dar lugar a diferencias en la calidad de la prestación y posiblemente crear una jerarquía (clasificación) entre centros educativos, lo que puede tener un efecto negativo sobre la equidad ( así se subraya en el Informe de la Comisión Europea: Equidad en la educación  escolar de Europa. Estructuras, políticas y rendimiento del alumnado. Informe de Eurydice).

En definitiva, una novedad legislativa que no es fruto de la innovación educativa puede ser una oportunidad o un riesgo para la equidad. Habrá que estar atentos a su aplicación para valorar sus efectos sobre el aprendizaje y  la distribución del alumnado en los centros educativos.

 

 

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