El COVID-19 ha generado un nuevo sistema educativo
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Un curso académico con dos partes y dos sistemas.

El COVID-19 ha dividido el curso 2019-2020 en dos partes, enfrentando un sistema sólido a uno mucho más «líquido». Con unos principios diferentes.

El curso académico 2019-2020 tiene tres trimestres y se divide, de forma excepcional, en dos partes. La segunda empezó a partir del  14 de marzo de 2020, al decretarse por primera vez en la historia de España, en virtud del artículo 9 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,  el estado de alarma, con la suspensión de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

La primera parte del curso ha sido presencial y el sistema educativo ha garantizado los requisitos mínimos, que contempla la Ley 2/2006 de 3 de mayo  (LOE) para hacer efectivo el ejercicio del derecho a la educación, en la modalidad de escolarización obligatoria y presencial, en un centro educativo.

Ese contexto que generó una respuesta educativa sólida hasta el día 13 de marzo de 2020, cambió radicalmente con la declaración del Estado de Alarma. Era tal la incertidumbre de la respuesta educativa a esta circunstancia excepcional, que la propia Declaración duda de la completa capacidad del sistema para reconvertir la actividad educativa presencial en modalidades a distancia y «on line». En este sentido, puede leerse en el propio Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, la frase, referida al ámbito educativo, “siempre que sea posible”.

Estamos en la segunda prórroga del Estado de Alarma, con brechas en ambos lados de la respuesta a esta distancia. En este periodo los agentes y el conjunto de relaciones, estructuras, medidas y acciones que se implementan para prestar el ejercicio efectivo del derecho a la educación se han alterado notablemente, en el sistema educativo español.

El profesorado, en la medida de sus posibilidades, ha dispuesto los medios y recursos del sistema, desde sus domicilios particulares; las familias se han convertido, en esta eventualidad, en docentes de apoyo y han incorporado al sistema, medios y recursos, para ensamblar la comunicación en esta modalidad a distancia. Las Administraciones, entre otras respuestas, han facilitado medios para compensar la brecha digital en los domicilios familiares.

En este periodo el marco de la autonomía de los centros docentes se ha visto perturbado. En la mayoría de las Comunidades Autónomas, no se ha adaptado la normativa que regula la organización y funcionamiento de los centros educativos a esta circunstancia de emergencia educativa. Han sido los propios centros, en base al liderazgo de la dirección, la formación y cualificación del profesorado, la dinámica bajo el principio ( o no) de colaboración y trabajo en equipo, los que se han dado, en muchos casos, autoinstrucciones de organización colectiva e individual; con una repercusión directa en la extensión del horario de trabajo de los docentes.

La autonomía organizativa del docente y de los centros educativos, han aumentado por la vía de los hechos. Sin embargo, en este periodo de tiempo, la mayoría de la Administraciones educativas sí han dictado Instrucciones que se han dirigido hacia los ámbitos propios de actuación del profesorado, referidos a la autonomía pedagógica y a la libertad de cátedra. Me refiero a aspectos reservados a la metodología o la evaluación del proceso de aprendizaje.

De la lectura de las Instrucciones dictadas por las diferentes comunidades autónomas, se observa la coincidencia en el planteamiento de propuestas educativas al profesorado del tipo de actividades educativas a plantear al alumnado,  la periodicidad de las mismas,  su carácter evaluable, o no, materiales didácticos a utilizar…..

Surge así la necesidad de valorar el alcance de estas Instrucciones, cuando afectan a espacios de competencia reservados por Leyes Orgánicas a los centros educativos y al profesorado; como es el caso. A título de ejemplo podemos citar la libertad de cátedra y la discrecionalidad técnica que conlleva, reconocida en la Constitución Española y en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, o las decisiones sobre la elección de la metodología, que corresponde a los centros educativos, atendiendo al reparto de competencias, señalado en el artículo 6.bis de la Ley 2/2006 de 3 de mayo, Ley Orgánica de Educación.

Existe mucha jurisprudencia al respecto y a veces vacilante, pero la más reciente considera que unas «instrucciones técnicas», con el alcance limitado que les es propio, atendiendo a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dirigidas a los docentes, en el ámbito territorial de las Administraciones Públicas, no pueden modificar válidamente las determinaciones de Leyes Orgánicas o de los Reales Decreto de Currículo Básico, por cuando ello supondría la quiebra del principio de jerarquía normativa ( art. 9.3 C.E .) y la vulneración de las previsiones legales en cuanto a la competencia de titularidad y el ejercicio de la potestad reglamentaria estatal.

Si quieres saber más sobre el valor de las instrucciones, circulares y órdenes de servicio en el sistema educativo español, puedes leer esta entrada( pincha AQUÍ)  en el blog especializado inspecciondeeducacion.com

En definitiva ha de entenderse que este tipo de Instrucciones, en ámbitos de decisión reservados al profesorado, cuando son innovadoras frente a la normativa básica, “tratan de una mera recomendación, y no de un instrucción pretendidamente vinculante al profesorado” (Sentencia del Tribunal Supremo de 22/05/2019). Expresión, que aparece con claridad en el artículo 6.3 de la LOE, al señalar que “las Administraciones educativas podrán realizar recomendaciones de metodología didáctica para los centros docentes de su competencia”.

Recomendaciones, por otro lado, interesantes para generar un marco de reflexión en las actuaciones de los profesionales de la Educación.

En definitiva

Tan fugaz, que lo que acabo de escribir sobre el valor de las Instrucciones en el marco normativo, para esta segunda parte del curso 2019-2020, ha dejado de tener sentido a partir del 24-04-2020.

En virtud de la Orden del Ministerio de Educación y Formación Profesional, publicada ese día, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, algunas Comunidades Autónomas podrán vía Instrucciones definir un marco reglamentario propio, diferente al establecido en la Ley 2/2006 de educación (LOE) modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre y del definido en  el Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, en materia de promoción y titulación, para este curso 2019/2020. Por lo que en este tiempo y en este sistema “líquido” ha desaparecido el principio de competencia y jerarquía normativa.

Tempus Fugit, carpe diem

 

 

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