El "pin" y el "puk" parental: la moral privada, frente a la moral pública. - Juan Jose Arevalo Jimenez
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El «pin» y el «puk» parental: la moral privada, frente a la moral pública.

Quienes promueven y defienden el «pin» parental se apoyan en el artículo 27 (3) de la Constitución española, para reclamar el derecho de los padres a dar su consentimiento y autorización expresa para que sus hijos asistan a cualquier materia, charla, taller o actividad, relacionada con contenidos curriculares, que consideren que afecta o que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de los mismos, por ser contrarios a sus convicciones morales y religiosas. Entienden que la educación en valores morales concierne exclusivamente a las familias. Desde ese mismo artículo reclaman la libertad de elección de un centro educativo, con un proyecto e ideario propio que apoye sus convicciones.

Aquellos que consideran que el «pin» parental impide el ejercicio efectivo del derecho a la educación de los menores escolarizados y atenta contra el interés superior de los mismos, se apoyan también en el artículo 27 (2) de la Constitución española para sostener el papel del Estado en la prestación efectiva del derecho a la educación que debe tener por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Lo que supone trasladar al currículo unos principios y valores que han de ser proyectados para conocimiento del alumnado.

Este viejo debate, con nueva terminología, tiene mucho que ver con el trasfondo histórico y la inexistencia de un marco de compromiso y concordia en la definición del papel del Estado en la educación de la sociedad. Rebrota cada cierto tiempo y es quizás uno de los factores determinantes por el que no hay un pacto educativo, que supondría un espacio normativo integrador en el que puedan convivir las diversas opciones sociales, morales, ideológicas y religiosas, que miran a la Escuela con esperanza o recelo.

En esta reflexión quiero señalar que la educación pública es garantía de neutralidad y en esa neutralidad, que respeta las opciones religiosas y morales individuales, debe moverse el profesorado, en su función de atender al desarrollo, afectivo, social y moral del alumnado, que le exige la normativa y sobre la que coinciden, desde el año 2006, los promotores de las dos últimas leyes orgánicas de educación (La LOMCE mantiene intactas las funciones del profesorado, recogidas en el artículo 91 de la LOE y en concreto la citada se encuentra en el artículo 91.e). Función que habrá de ejercer para proteger al alumnado, frente al cualquier agresión a su moral (artículo 6ºf de la Ley 8/1985, ley Orgánica del Derecho a la Educación).

Entonces ¿a quién pertenece la educación en valores morales de los alumnos y las alumnas?

A medida que se desciende en esta reflexión, aumenta la complejidad de la respuesta, porque ni siquiera existe un acuerdo en lo que sería la moral privada y la moral (o ética) pública.

Creo que estaríamos de acuerdo en definir la moral privada como aquella que refleja la propia identidad e integridad personal, la propia libertad de conciencia, la propia libertad religiosa. En éste ámbito la familia es determinante y referente en su papel de educar y procurar una formación integral a sus hijos e hijas, menores de edad.

Los contenidos de la moral o ética pública, en palabras del profesor Gregorio Peces Barba, se organizan por medio de valores, principios y derechos fundamentales que establecen criterios para la acción de los operadores jurídicos y son guía para la producción y la interpretación del Derecho. En este sentido, la actividad del Estado en materia de educación es obligada, tal y como señala el Tribunal Supremo, cuya intervención tiene entre otras finalidades ofrecer una instrucción o información sobre los valores necesarios para el buen funcionamiento del sistema democrático.

El objetivo de esta acción conjunta es conseguir esa formación integral que buscan los padres y madres para sus hijos e hijas y ese pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, que le corresponde al Estado.

Y es aquí donde el Tribunal Supremo determina en su jurisprudencia, que el ordenamiento jurídico no reconoce el derecho a la objeción de conciencia frente a la enseñanza de una determinada materia escolar. No se autorizan exenciones particulares, frente a contenidos curriculares.

En la terminología de la controversia suscitada estos días hablaríamos de una especie de «código puk» que se reserva el Estado para desbloquear esa exención solicitada en el ámbito correspondiente a los principios y la moral común subyacente en los derechos fundamentales, donde tiene la potestad y el deber de impartirlos y promocionarlos. Porque además los poderes públicos al inspeccionar el sistema educativo ya tiene previstas una serie de garantías en favor del respeto al mundo de las creencias y de los modelos de conducta individual que, con independencia del deber de respetar esa moral común subyacente en los derechos fundamentales cada persona es libre de elegir para sí y de transmitir a sus hijos, tal y como señal el propio Tribunal Supremo.

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