La política educativa regional determina el peso del modelo de enseñanza.
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¿Enseñanza pública y/o privada?. Su porcentaje depende de la política, más que de la Ley.

El primer y único gran pacto educativo está escrito en la Constitución Española. Junto al derecho de todos a una educación obligatoria básica y gratuita, se reconoce la libertad de enseñanza (artículo 27), que incluye, tal y como establece el preámbulo de la LODE (Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación) “la capacidad de los padres de poder elegir para sus hijos centros docentes distintos de los creados por los poderes públicos”.

Se trata, como señala el Tribunal Constitucional “de dos perspectivas en cierta medida opuestas: libertad para educar y educarse frente al poder político, como manifestación de las libertades de expresión, ideológica y de culto, y de empresa, por una parte; y derecho a obtener del mismo poder una educación gratuita, por otra (perspectiva de servicio público)”.

En ese difícil equilibrio se encuentra la disputa política que reaparece en cada campaña electoral y que consigue enfrentar a la sociedad ante posturas aparentemente irreconciliables. Unas posturas que definirán, en el futuro, el peso de la enseñanza pública y la enseñanza privada concertada, en el sistema educativo español, ante un escenario de pérdida progresiva de alumnado (se calcula que en 2050, España tendrá 800.000 estudiantes menos de entre 3 y 15 años que en la actualidad).

La propia Constitución Española establece que “los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”. Serán, por tanto, las Comunidades Autónomas las que en el ejercicio de sus competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la normativa básica estatal, decidirán el peso que los centros públicos y los privados tendrán en los procesos de escolarización del alumnado, en su ámbito territorial.


Hasta la fecha. el servicio público de educación se presta por los centros sostenidos con fondos públicos (centros públicos y privados concertados). LODE, LOE, LOMCE y LOMLOE, mantienen este criterio. La diferencia de la LOMCE respecto a la LOE, en materia de programación de centros y plazas, fue que incorporó el concepto de “demanda social” (artículo 109, de la LOE) que habría de determinar la titularidad (pública o privada) en la oferta de plazas escolares. El criterio de “demanda social” ha sido derogado por la LOMLOE, que ahora hace una referencia exclusiva a que los poderes públicos garantizarán una oferta pública suficiente de plazas e incorpora, además, un mandato a la Administración para promover «un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública», con exclusión de los centros privados concertados.

Tal y como suele ocurrir con la publicación de cada nueva Ley Orgánica de Educación, en nuestro país, se ha presentado recurso de inconstitucionalidad contra diferentes artículos de la misma, y en concreto contra el artículo 109 de la LOE (modificado por la LOMLOE) al entenderse, por los recurrentes, que esta nueva regulación “dará lugar a la progresiva desaparición de las plazas concertadas y a suprimir y hace[r] desaparecer la educación concertada, que es garantía del pluralismo educativo”. El Tribunal Constitucional ha resuelto que “La programación de la enseñanza con el objetivo de garantizar la existencia de plazas públicas suficientes es un fin constitucionalmente legítimo. Entra dentro del margen de libre configuración del legislador y de las preferencias políticas expresadas en las leyes aprobadas en las Cortes Generales. No existe por tanto la vulneración constitucional denunciada y el motivo, en consecuencia, se desestima”.

Dicho de otra manera, tanto el criterio de demanda social como el criterio de garantizar plazas públicas suficientes, para definir la oferta de centros (públicos o privados) y puestos escolares en los procesos de admisión, son inicialmente constitucionales. Entran dentro del “margen de libre configuración del legislador “y de sus preferencias políticas. Y es aquí donde se enfrentan los partidos políticos. Pero ¿son tan determinantes las leyes orgánicas de educación, para definir el peso de la enseñanza pública o de la enseñanza privada en España”? o ¿dependerá de la programación de la oferta de centros y plazas que decida cada Comunidad Autónoma?.

Atendiendo a las polémicas que surgen en campaña electoral y a las manifestaciones que se producen, por los defensores de cada uno de los modelos de enseñanza, una vez publicada una nueva Ley Orgánica, parecería que la regulación a nivel estatal condicionaría de forma determinante el peso de la enseñanza pública o de la enseñanza privada, en nuestro país. Pero no es así. Dependerá, más, de cada Comunidad Autónoma y de sus preferencias políticas.inspeccion de educación

Veamos algunos datos oficiales del Sistema Estatal de Indicadores publicado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa:

Desde 1997-98 hasta 2007-08 (se aplicaba la LOGSE y se regularon los nuevos criterios de admisión de la LOE en el curso 2007-2008) la distribución del alumnado según el modelo de financiación de los centros ha evolucionado de forma diferente en cada nivel educativo. En Educación Infantil ha subido 15 puntos el porcentaje de alumnos de centros privados concertados; disminuyendo en 4 puntos el de centros públicos y, sobre todo, el de centros privados no concertados, en 11 puntos. En Educación Primaria la variación es mínima, en torno a un punto en la distribución porcentual en estos años.

Si nos fijamos en estas series históricas, podemos comprobar que el peso de la enseñanza concertada se mantiene desde el año 2013 (que finaliza la aplicación de la LOE) hasta el año 2020 (que finalizaría la aplicación de la LOMCE) prácticamente inalterable en Educación Primaria (28,6 % curso 2012-2013//28,4% curso 20-21), al igual que en Educación Secundaria Obligatoria ( 30,7 % curso 2012-2013//29,6 % curso 20-21).

Si analizamos estos datos por Comunidades Autónomas, podremos comprobar que en la serie histórica aparecen, con carácter general, Castilla-La Mancha, Melilla, Extremadura, Ceuta, Andalucía y Canarias, como los territorios con mayor porcentaje de alumnado escolarizado en centros públicos y País Vasco, Madrid, Islas Baleares, Navarra y La Rioja con el mayor porcentaje del alumnado matriculado en la enseñanza concertada. (Fuente Sistema Estatal de Indicadores 2016 y Sistema Estatal de Indicadores 2023). Todo ello, independientemente de la Ley Orgánica en vigor.

En definitiva, más allá de la Ley, habrá que fijarse en la política educativa de las Comunidades Autónomas para ver cuál es el peso de la enseñanza pública y privada en ese ámbito territorial.

 

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