¿Está recogida la libertad de elección de centro en la Constitución? - Juan Jose Arevalo Jimenez
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¿Está recogida la libertad de elección de centro en la Constitución?

Leo que la ministra de educación (en funciones) Sra. Celaa, en el Congreso de Escuelas Católicas celebrado el jueves día 14/11/2019, afirmó que “El derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir un centro educativo no son una emanación estricta de la libertad de enseñanza reconocidas en el artículo 27 de la Constitución”. Y, ante el enorme murmullo de los 2.000 representantes de la patronal religiosa, añadió: “No quiero decir que no haya libertad, quiero decir que no está dentro del artículo 27”.

Ante el revuelo surgido, necesitaríamos un  John Bercow (Speaker de la Cámara de los Comunes) que dijera eso de Order! Order! y dejando opiniones a un lado, pusiera un poco de orden para ver que hay de cierto en una polémica más, sobre la interpretación del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Una polémica que en este caso versa sobre la interpretación jurídica de un artículo de la Constitución.

La Constitución Española recoge en el artículo 27 el único gran pacto sobre la educación en España, que al desarrollarse por las leyes orgánicas de educación suele encallarse, precisamente en la interpretación, que los agentes políticos hacen, de los derechos y libertades  que en éste se recogen.

El artículo 27 de la Constitución, al regular el derecho a la educación, tiene en cuenta el sistema mixto heredado (público-privado) y las declaraciones internacionales de derechos que condicionan, atendiendo al artículo 10.2 y 96.1, de la Carta Magna, la interpretación de este derecho fundamental.

Así tras el derecho a la educación (articulo 27.1 a) se afirma la libertad de enseñanza (artículo 27.1 b); al lado aparece del derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que estimen mas oportuna para sus hijos (articulo 27.3). Junto a ellos, se garantiza la libertad de creación de centros docentes (artículo 27.6) y también se responsabiliza a los poderes públicos de una programación general de la enseñanza (artículo 27.5) orientada a asegurar un puesto escolar a todos los ciudadanos. Finalmente, la ayuda a los centros docentes (articulo 27.9) tiene que compaginarse con la intervención de profesores, padres y alumnos en el control y gestión de estos centros sostenidos con fondos públicos (artículo 27.7).

Tal y como se señala, la ministra manifestó que “el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir un centro educativo no son una emanación estricta de la libertad de enseñanza reconocidas en el artículo 27 de la Constitución”, para afirmar posteriormente (según el video de su intervención) que “esos hechos, los de elegir centro, formarán parte del haz de derechos que puedan tener los padres y madres en las condiciones legales que se determinen, pero no son una emanación estricta de la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la Constitución”. Ante el murmullo que se provoca, la Sra. Celaa, indica “no quiere decir que no haya libertad, sino que no está en el artículo 27”.

Apela la ministra a la interpretación que se hace en la Sentencia del Tribunal Constitucional 5/1981, que resuelve un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 5/80 (ya derogada) para defender su argumentación.

Vaya por delante que desconozco el contexto en el que se expresó esta idea, antes de entrar a valorar el fondo del asunto. Pero entonces,

El derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que los hijos han de recibir (art. 27.3 CE) es distinto del derecho de elegir centros docentes. No obstante, implicaría un derecho  de los padres y madres a elegir un centro educativo (con un proyecto educativo, que respetando las Leyes, se mueva entre la neutralidad ideológica, de la escuela pública y el carácter propio, de los centros privados).

Dicho lo anterior, si bien es cierto que el derecho de los padres a elegir un centro educativo no aparece literalmente señalado en el artículo 27, dentro de la libertad de enseñanza, la interpretación que debe hacerse es la entender que forma parte de la misma.

¿Por qué?. Porque las normas relativas a los derechos fundamentales (educación) y a las libertades (enseñanza) que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España (artículo 10.2 de la Constitución Española). Y éstas son claras al respecto:

  • Artículo. 26.3 del Declaración Universal de Derechos Humanos de 10/12/ 1948: Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
  • Artículo 18.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19/12/ 1966: Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
  • Artículo 2 del Protocolo de la Convención Europea para la protección de los derechos y libertades fundamentales: El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.

En este sentido se expresa el Tribunal Constitucional, entre otras en la Sentencia 74/2018, de 5 de julio: “La libertad de enseñanza (art. 27.1 CE) comprende a su vez la doble facultad de los padres de elegir el centro docente de sus hijos, que podrá ser de titularidad pública o privada, y de elegir la formación religiosa o moral que se ajuste a sus propias convicciones; facultad ésta última a la que se refiere específicamente el artículo 27.3 CE

Dicho lo cual es cierto, también, que la libertad de enseñanza y el derecho fundamental a la educación desarrollan los derechos de las familias en una Leyes Orgánicas. Y en concreto la Ley 8/1985, de 3 de julio, Ley Orgánica del Derecho a la Educación, en su artículo 4, reconoce, literalmente, el derecho de los padres, con relación a sus hijos e hijas, a escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos. Esta Ley en vigor, mantiene de forma prácticamente literal este artículo desde 1985. Es una ley de Felipe González y en su exposición de motivos señala: “En estos principios debe inspirarse el tratamiento de la libertad de enseñanza, que ha de entenderse en un sentido amplio y no restrictivo, como el concepto que abarca todo el conjunto de libertades y derechos en el terreno de la educación. Incluye, sin duda, la libertad de crear centros docentes (…). Incluye, asimismo, la capacidad de los padres de poder elegir para sus hijos centros docentes distintos de los creados por los poderes públicos”.

Por eso no entiendo las frases, la polémica, algunas las reacciones…..

Order! Order! by John Bercow.

 

 

 

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