Incertidumbre en la evaluación y promoción del curso del COVID-19
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Incertidumbre sobre la evaluación y promoción con el COVID-19

La incertidumbre generada en torno a la evaluación, calificación y promoción, este final de curso, con el COVID-19, perjudica a la comunidad educativa. Perjudica al profesorado, a los alumnos y a sus familias.

Esta incertidumbre genera diferentes interpretaciones y graves inexactitudes (reflejadas en los medios de comunicación), algo que supone un riesgo añadido a la situación actual y agrava el estado anímico de los diferentes colectivos implicados. Pues la inmensa mayoría del profesorado, familias y alumnado están involucrados, en circunstancias de adversidad,  en un proceso de reconstrucción del sistema.

Estoy convencido que en las ruedas de prensa, que se desarrollan en estos días, referidas a la cuarentena educativa, se quiere explicar el loable objetivo de atender las gravosas circunstancias que atraviesan alumnado y familias confinadas en sus casas. Pero más allá de la proclamación de unos principios generales sobre el carácter de la evaluación (continua, global, referida a los objetivos de la etapa, que abarca el desarrollo completo del individuo..) y la necesaria flexibilidad, ya recogidos en la normativa, no se explica la novedosa medida legal, si es que se pretende adoptar alguna, que se va a publicar.

Que la promoción sea la medida normalizada en el sistema educativo y la repetición lo excepcional, ya está reconocido en la normativa. Una normativa que, a su vez, avala en la LOE, LOMCE y la futura LOMLOE un sistema de repetición que convierte a España en el segundo país de la OCDE en inequidad, atendiendo a que la misma tiene una incidencia vinculada al nivel socioeconómico del alumnado y sus familias.

Si en lugar de la OCDE, decimos que somos el segundo país en tasa de repetición, en un bloque de treinta y siete con sistemas democráticos, podremos concluir siguiendo a Lucas Gortázar que “la injusta repetición es un fenómeno cultural que afecta a todo el sistema”.

Por eso no estamos descubriendo, ahora, una brecha del sistema. Hay varias. Lo que ocurre es que esta pandemia las hace más visibles, en estas circunstancias inéditas.

Que se diga, en las ruedas de prensa, que siendo la repetición algo excepcional (así recogido en la norma, no en la práctica), habrá de justificarse más. Tampoco aporta nada.

¿Por qué? Porque la situación desfavorable que supone para un alumno o alumna la decisión de repetir curso académico, siempre debe ser motivada. Estas trágicas circunstancias no cambian la exigencia de justificar la decisión de una repetición de curso; en todo caso cambiarían los hechos individualmente valorados, que motivaría la decisión del profesorado, conforme a la normativa.

Hablar de flexibilidad en estas circunstancias, tampoco aporta novedad alguna, cuando la propia Ley Orgánica de Educación, la establece como un principio aplicable, ya, a estas circunstancias.  En concreto, se refiere a la flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad.

Volviendo a la incertidumbre que genera el hecho de que a fecha de hoy, transcurrida una semana de la tercera evaluación, parece, sin que tengamos seguridad, que el Gobierno de España va a dictar alguna normativa básica que afecte a la evaluación y a la calificación; cuando además ya se adelanta que no existe acuerdo (tampoco lo hubo antes) entre varias comunidades autónomas y que además algunas de ellas, con y sin acuerdo con el Ministerio de Educación, ya han comunicado a los centros educativos, de su ámbito territorial y en distintos formatos (carta a la comunidad educativa, criterios para el desarrollo de la evaluación en el tiempo de confinamiento; instrucciones….) modelos de gestión de la evaluación, en esta crisis, provoca lo peor: inseguridad jurídica. Algo muy grave para los empleados públicos.

Esta semana han surgido, al menos, dos noticias en los periódicos referidas a esta cuestión. El diario “El Mundo” publica (pueden pinchar aquí) que: “Profesores advierten de que cometerán una «ilegalidad» si permiten que todos los alumnos pasen de curso” y el diario “El País” (aquí) titula en otro artículo: “Los directores queremos normas claras y precisas”.

No podemos confundir la ética de diferentes sectores de la sociedad, al interpretar la respuesta educativa a esta crisis,  con la individual y con los principios éticos de la actuación de los empleados públicos recogidos, con carácter imperativo, en la normativa (artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público).

Porque esa confusión e incertidumbre perjudica a los empleados públicos, en este caso los cuerpos docentes, que en su código de conducta, solo pueden someterse al dictado de la normas. Y es a ellos a quienes se les encomienda calificar a los alumnos y las alumnas, e incorporar esta calificación a un expediente académico. Hablamos de un acto administrativo y de un documento público, que habrá de ajustarse a la legalidad vigente, para evitar responsabilidades individuales, por parte del profesorado (artículo 91.b LOE), del director (artículo 132.d LOE) y de la inspección de educación (artículo 151. LOE).

Por si interesa a alguno de estos colectivos la interpretación de la normativa que hacen los Tribunales de Justicia, sobre la evaluación y calificación del alumnado, he publicado una entrada en el BLOG inspecciondeeducacion.com. Puedes pinchar  aquí, si te interesa leer la entrada del Blog : «Aprobado general y programación docente».

Los gobernantes deben traducir sus declaraciones de respuesta a la crisis en normas, si pretenden sean aplicadas.

En España, se piensa que la mejor solución para resolver los problemas, en Educación, es hacer leyes y normas. Por eso tenemos esa permanente inestabilidad regulatoria; que no conseguirá cambiar, lo que ahora se demanda: la cultura escolar que aborda el proceso de enseñanza aprendizaje, más allá de la calificación y de su consecuencia en forma de repetición.

Están legitimados para ello y en este caso concreto le corresponde al Estado la competencia exclusiva (artículo 149.1.30 de la Constitución Española) de la regulación de las condiciones de obtención de títulos académicos. Competencia, que la LOMCE atribuyó al Gobierno de España,  al modificar la LOE en su artículo 6.

El Gobierno, tiene la competencia para cambiar las condiciones de obtención de los títulos y el diseño básico de los criterios de evaluación, estándares y resultados de aprendizaje evaluables, con el fin de asegurar una formación común y el carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a que se refiere esta Ley Orgánica.

Mi opinión, conforme a la normativa actual, que avala los principios de las diferentes declaraciones que se escuchan,  en torno a la evaluación, la promoción, la repetición, la flexibilidad, etc, es que los directores y el profesorado, con la colaboración del servicio de Inspección de educación, sabrán gestionar esta crisis; si tienen seguridad jurídica.

Algo sobre esto dije en la entrada de esta entrada del Blog titulada «El profesorados sabe cómo evaluar en tiempos del coronavirus».

Es una cuestión de confianza. Además de una posibilidad de cambio de la cultura escolar. Porque el centro educativo, como organismo vivo, está aprendiendo de esta experiencia.

Sin comentarios.

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