16 Oct Hacia una población envejecida y multicultural.

Los estudios sobre la teoría y la práctica de la educación son abundantes, diversos e incluso contradictorios. Escribimos hoy, cuando la educación ha de dar respuestas a un futuro desconcertante.

Pensar en el futuro de la educación es imaginar un nuevo orden atendiendo a las transformaciones que son previsibles en nuestra sociedad. A fecha de hoy, la previsión de cambios demográficos en nuestro país y los flujos migratorios, nos invitan a hacer una reflexión sobre el impacto de estas dos circunstancias, para el sistema educativo español.

El informe del Gobierno, «Hacia una Estrategia Nacional de Largo Plazo: España 2050», anticipa que de aquí a 2050, tendremos casi un millón de estudiantes menos de entre 3 y 24 años. A su vez, señala que “Esto permitirá a nuestro país duplicar su gasto por alumno hasta equipararlo con el que ya tiene, por ejemplo, Dinamarca sin incurrir en un incremento significativo de su gasto público”.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar que en los próximos 50 años, España tendrá una población de más de 50 millones de habitantes, pero notablemente envejecida y de origen mucho más variado. El crecimiento demográfico, además, dependerá de la llegada de inmigrantes internacionales, porque el número de españoles que nacen será sistemáticamente inferior al de los que fallecen.

En cifras, la población española, que es actualmente de 47,4 millones de habitantes, será en 15 años de 51,7 millones y llegará a los 52,9 millones en el año 2072. Pese al crecimiento de 5,45 millones de personas, la población nacida en España será cada vez menor. Así,  para ese año se calcula que la población nacida en España habrá pasado del 84,5% actual al 63,5%. Es decir, en 2072, el 36,5% de los residentes en España, uno de cada tres, será natural de otro país.

Se pueden hacer muchas reflexiones, ante estas estimaciones del futuro de la población que vivirá en España, pero me centraré en dos retos que ha de asumir el sistema educativo: el reconocimiento de un derecho efectivo al aprendizaje a lo largo de la vida, para dar respuesta al envejecimiento de la población española y apostar por una educación para la ciudadanía global, como perspectiva emergente (así reconocida por la UNESCO) para atender a las necesidades y oportunidades de una  sociedad multicultural, con el objetivo de avanzar hacia sociedades más justas y pacíficas.

El derecho a la educación no será lo que fue, en su origen. La educación del futuro, en sintonía con la Estrategia Europea 2030, asume el aprendizaje a lo largo de la vida, como un nuevo derecho de la población que hará efectiva la posibilidad de transitar entre distintas ocupaciones y puestos de trabajo, así como facilitar el ejercicio de libertades en el ámbito cultural, económico y social, que no podrán verse condicionadas por la edad.

Otro reto será el de atender a una población proveniente de distintas culturas. Una necesidad, atendiendo a estos informes, y una oportunidad para nuestro país.

El sistema escolar habrá de actuar como elemento compensador de las distintas desigualdades personales que pudieran tener su origen en una diferente cultura. Una preocupación que se justifica entre otras cosas, por la preocupación que suscita dentro  de la comunidad internacional, el surgimiento, durante los últimos años, de  manifestaciones de violencia, de xenofobia y de conflictos en varias partes del  mundo. Si no son contrarrestados, dichos actos ya amenazan, durante este siglo XXI, el avance del mundo hacia  mayores niveles de respeto por la  dignidad y los valores humanos, por la democratización y la liberación en sus  diversas formas. 

La respuesta del sistema educativo exigirá estrategias, medios y recursos, para evitar fenómenos como la segregación escolar. Recaerá fundamentalmente en la escuela pública que si bien se orienta bajo el principio de la libertad de enseñanza (autonomía de los centros educativos), siempre habrá de dar soluciones al fundamentar su acción en garantizar “neutralidad ideológica y respeto de las opciones religiosas y morales a que hace referencia el artículo 27.3 de la Constitución” (artículo 18 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación).

Nuestra sociedad avanza hacia el pluralismo cultural y el sistema educativo español debe tomar conciencia y ser capaz de incorporar y sintetizar, en un modelo intercultural, diferentes sistemas de conocimiento en uno mismo.

No encontraremos con una realidad, si se cumplen estos pronósticos, que hemos de convertir en una oportunidad, para que todos los habitantes de nuestro país, desempeñen un papel de plenos derechos y obligaciones en nuestra sociedad.

El sistema educativo español, acorde con los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas en la Constitución española, debe prepararse para dar respuesta a las nuevas necesidades del envejecimiento de la población española y desarrollar actitudes intelectual y emocionalmente comprometidas con la unidad fundamental de todo ser  humano, para garantizar que esa sociedad pluralista, que prevé el futuro, ejerza una ciudadanía democrática, pacífica y justa, en derechos y obligaciones.

458 lecturas.

Juan José Arévalo Jiménez