IDEARIO PROPIO Y PROTOCOLO ANTE CASOS DE TRANSEXUALIDAD - Juan Jose Arevalo Jimenez
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IDEARIO PROPIO Y PROTOCOLO ANTE CASOS DE TRANSEXUALIDAD

Los padres y madres tienen el derecho a que sus hijos e hijas reciban la formación religiosa y moral, acorde a sus convicciones. Este derecho dio paso a una de las libertades que reconoce la Constitución española, la libertad de enseñanza en cuanto a la posibilidad de autorizar centros distintos de los creados por el Estado. Centros privados con un proyecto educativo que revela un carácter propio (ideario).

La escuela pública quedaba inicialmente al margen de ese ideario propio, dado que atendiendo a lo establecido en el artículo 18 de la LODE, desarrollarán sus actividades con sujeción a los principios constitucionales, garantía de neutralidad ideológica y respeto de las opciones religiosas y morales a que hace referencia el artículo 27.3 de la Constitución.

Con el desarrollo de la autonomía de centros, públicos y privados, ambos cuentan con un proyecto educativo que habrá de respetar la Constitución y las Leyes, siendo el matiz que diferencia a unos y otros, la garantía o no de neutralidad ideológica que conlleva la existencia de un ideario religioso o moral propio. Dicho lo cual resulta claro que el carácter propio o ideario no sería aceptable si tiene un contenido incompatible por sí mismo con los derechos fundamentales o si, sin vulnerarlos frontalmente, incumple la obligación, derivada del artículo 27.2 de la Constitución , de que la educación prestada en el centro tenga por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia, y a los derechos y libertades fundamentales en su concreta plasmación constitucional, pues estos han de inspirar cualquier modelo educativo, público o privado.

En el sentido expuesto es de interés la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, sede en Valencia  de fecha: 15/05/2019 por el que se desestima íntegramente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Federación de centros de Enseñanza de Valencia, la Federación católica de asociaciones de padres de alumnos de Valencia y la Federación española de religiosos de enseñanza-centros católicos de la comunidad valenciana contra el art 29 del DECRETO 102/2018 de 27 de julio del Consell, de desarrollo de la Ley 8/2017, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana, que establece un “marco normativo para garantizar el derecho de autodeterminación de género de las personas que manifiesten una identidad de género sentida diferente a la asignada en el momento del nacimiento”, con un protocolo de actuación para los centros sostenidos con fondos públicos (públicos y privados concertados).

La sentencia del Tribunal de Justicia de la comunidad valenciana, recuerda que el Tribunal Constitucional en su sentencia 176/2008, de 22 de diciembre (BOE núm. 21, de 24 de enero de 2009) afirmó :»… es de destacar que la condición de transexual, si bien no aparece expresamente mencionada en el art. 14 CE como uno de los concretos supuestos en que queda prohibido un trato discriminatorio, es indudablemente una circunstancia incluida en la cláusula «cualquier otra condición o circunstancia personal o social» a la que debe ser referida la interdicción de la discriminación». A su vez la sentencia asumiendo las argumentaciones del Fiscal, señala:

“sobre si la imposición obligatoria del protocolo de atención educativa a la identidad de género que apruebe la Conselleria competente en materia educativa cercena (al centro privado sostenido con fondos públicos) su derecho al propio ideario educativo, la respuesta tiene que ser negativa y ello, por cuanto sin perjuicio de apreciar que la imposición obligatoria del protocolo representan medidas positivas de intervención, el precepto reglamentario cuando impone el citado protocolo no restringe el ámbito de dicho derecho constitucional de los centros religiosos concertados, pues, dicho ámbito (al igual que todas las manifestaciones del genérico derecho a la educación» recogido sintéticamente en el apartado 1 del artículo 27 CE ) tienen límites y, uno de ellos, es precisamente, el respeto a los principios constitucionales y los derechos y libertades fundamentales, de suerte que lo afectado, en su caso, por la imposición obligatoria del protocolo de identidad de género sería un ámbito o contenido de ese ideario sin cobertura constitucional, pues, no existe un derecho potencial de estos centros ( y de ningún otro) a ostentar un ideario propio contrario al derecho de igualdad o, si se quiere, ideario propio en el que se recogiese un modelo educativo que contuviera pautas educativas que «no se respetase las identidades o expresiones de género que se den en el ámbito educativo y el libre desarrollo de la personalidad del alumnado de acuerdo con su identidad».

Termino. El derecho a la educación es un derecho que exige unas condiciones para ser prestado. Entre las cuales estaría un entramado de libertades: la de creación y elección de centros, la religiosa, la de conciencia de los alumnos, la libertad de cátedra… En cada caso concreto los Tribunales habrán de pronunciarse sobre qué derecho o libertad prevalece. Pero

Sólo hace falta recordar el artículo 1 de la Ley Orgánica de Educación:

“El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en los siguientes principios…”.

1 Comment
  • Gemma Córdoba moreno
    Publicado a las 18:42h, 01 junio Responder

    En mis colegios han habido casos y en todo momento se han respetado sus necesidades contando siempre con la inspección y los padres manteniendo aparte el ideario católico. Buena apreciación pero no se debe promulgar a los públicos por encima de los concertados.

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