Igualdad de oportunidades en la promoción y titulación COVID-19
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Incertidumbre en la igualdad de oportunidades

La regulación, en este curso académico, de un marco de directrices y decisiones diferentes por parte de las Administración públicas, en materia de promoción y titulación del alumnado, ante la crisis ocasionada por el COVID-19, pone en duda, en mi opinión, el principio de igualdad de oportunidades, de los educandos.

La Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, del Ministerio de Educación Y Formación Profesional por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, se dicta al amparo del Real Decreto 463/2020 del Estado de Alarma y si bien hace referencia a las competencias del Estado en materia de normas básicas (artículo 149 C.E) ha alterado sustancialmente el marco legal que regula el sistema educativo en materia de promoción de curso y titulación.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha adoptado la decisión de delegar en las Comunidades Autónomas, competencias que son propias de su ámbito de decisión. Así pues, algunas de ellas pueden no tener en cuenta limitaciones que afecten al número de materias pendientes, para promocionar de curso o titular en la ESO, e incluso titular, sin superar la totalidad de las asignaturas en Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Deportivas. Son las Comunidades Autónomas, que estén de acuerdo con esta delegación de competencias, del Gobierno, las que podrán establecer un marco jurídico propio. Lo han hecho, con diferentes criterios en este aspecto.

Desde el punto de vista jurídico esta Orden plantea dudas. Fundamentalmente referidas al sustento temporal que supone apoyarse en un Real Decreto de Estado de Alarma y no en la normativa básica del Estado en materia educativa. Pues atendiendo a las opiniones de juristas de reconocido prestigio (puedes leer aquí) e incluso de miembros del Gobierno; cuando decaiga el Estado de Alarma se acabaría ‘ipso facto’ con todas las medidas derivadas del decreto inicial y aboca a diseñar un nuevo marco jurídico”.

En este caso concreto, el Gobierno, en base al artículo 6.bis de la LOE, modificado por la LOMCE, tiene la competencia para tomar las decisiones que entienda oportunas, sobre el número de materias superadas para poder promocionar o titular en las diferentes etapas y enseñanzas educativas, del sistema educativo español.

La Orden (artículo 3) tiene su fundamento en el acuerdo del Ministerio con unas comunidades autónomas, en la Conferencia Sectorial, frente a otras que no lo han suscrito (lo que supone en definitiva una falta de pacto). Sin embargo el Ministerio, en base al artículo 151 de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del sector Público, podría, a su vez, haber ejercido funciones de mando único y de coordinación, con referencia al orden constitucional de distribución de competencias del ámbito material respectivo y en ese caso, el Acuerdo hubiera sido de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas integrantes de la Conferencia Sectorial, con independencia del sentido de su voto.

El Estado, y en este caso el Gobierno, tiene la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (artículo 1491.1.ª). Esta igualdad de oportunidades para la promoción de curso y el acceso a la titulación, es un derecho del alumnado en todo el territorio español.

Por este motivo, me cuesta entender, que no se haya atendido a la propuesta número 19 del Consejo Escolar de Estado, de fecha 7-04-2020, que al valorar, entre otros, los criterios de promoción y titulación en este curso del COVID-19, “propone que todas las medidas anteriores, como cualesquiera otras que pudieran adoptarse para garantizar la mejor formación y la equidad y justicia en la evaluación del alumnado, deberían ser comunes para todo el sistema educativo español”.

Así lo reconoce la LODE (artículo 6 de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación) que establece, la igualdad de todos los alumnos en derechos y deberes, sin más distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando.

Y esta condición no puede cambiar en el estado de alarma, en el que se pueden adoptar medidas que condicionan el ejercicio de los derechos, pero éstos no se pueden suspender. Algo reservado, exclusivamente y para algunos derechos concretos, en los estados de excepción y sitio (artículo 55 de la Constitución Española).

De la lectura de la normativa publicada por las Comunidades Autónomas, se deduce que, dependiendo del territorio, los alumnos promocionarán de curso y titularán con distintos criterios. En unas se tendrá en cuenta lo establecido en la LOE, modificada por la LOMCE y en el Real Decreto 562/2017 que articula la titulación, a nivel estatal, en la ESO y Bachillerato. Otras han fijado que sean los equipos docentes, bajo el principio general de la promoción y titulación sin limitaciones de asignaturas, los que motiven las decisiones desfavorables para el alumnado. Una, al menos, ha definido un número máximo de asignaturas suspensas para titular, de manera automática, en la ESO y Bachillerato, diferente a las establecida en la legislación básica. Otra, fundamenta sus decisiones en la normativa en vigor, hasta el Real Decreto de Alarma, delegando en los equipos docentes que sean éstos los que decidan la posibilidad de promoción o titulación sin limitaciones de asignaturas.

Este régimen específico definido a para este curso académico, habrá de figurar en los documentos de evaluación del alumnado, con el efecto que esta circunstancia pudiera tener en la movilidad de los mismos.

Decimos que la educación es la base de la igualdad. Por eso el derecho a la educación, en nuestro tiempo, ya no se entiende exclusivamente como el acceso a un centro educativo.

La igualdad de oportunidades es un principio de la calidad y la equidad. Las decisiones inherentes a la evaluación son el instrumento que tenemos para verificar el cumplimiento del derecho a la educación y que supone el acceso igualitario al conocimiento y a las oportunidades disponibles en la sociedad, acreditando los aprendizajes que permiten al alumno permanecer, progresar y titular en el sistema educativo español.

Por ello, toda actividad de los poderes públicos, desde la función normativa a la más simple de control y garantía de legalidad, habrían de tener como referencia obligada y primera a dicho educando; independientemente de otras condiciones.

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