19 Sep LA EDUCACIÓN ES UNA PROMESA

A la hora de analizar la política educativa de un país, como el nuestro integrado en la Unión Europea, hemos de valorar la educación como transformación de la realidad en un marco de complejidad que la pandemia de la COVID-19 nos ha obligado a recordar, y sin límites espacio-temporales.

Cada Estado cuenta con un sistema educativo que es reflejo de la cultura y la historia de su país. En España, para las fuerzas políticas, la educación es parte de una promesa electoral, en un país cada vez más polarizado en lo político y social.

El partido que gobierne promete derogar la Ley de educación anterior y el partido de la oposición, promete que la llevará ante el Tribunal Constitucional. A partir de ahí, en un sistema político y educativo descentralizado, se establecerán distintos ritmos de desarrollo y aplicación de la nueva legislación, por parte de las Comunidades Autónomas y los centros educativos. Lo que, inevitablemente, lleva al conjunto de relaciones, estructuras, medidas y acciones que componen el sistema educativo a un cierto caos y a generar una reiterada desconfianza entre los profesionales de la educación.

Hoy por ejemplo, con el curso 21/22 ya empezado, no se ha publicado, todavía, la normativa básica (fruto del calendario de implantación de la LOMLOE) que recoge las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de promoción de las diferentes etapas educativas, así como las que afectan a las condiciones de titulación de educación secundaria obligatoria, ciclos formativos de grado básico y bachillerato.

En educación, conceptos como el cambio, la mejora y la reforma se utilizan, en muchas ocasiones, como sinónimos, pero no siempre lo son. La incorporación de «algo nuevo» en la reforma educativa, no supone, a priori, motivo de una mejora. Solo se garantiza la innovación, cuando ésta es fruto de la evaluación de los problemas que afectan a los distintos ámbitos del sistema educativo.

Para afrontar la transformación de la realidad y la complejidad de la sociedad, que se desenvuelve sin los límites tradicionales de espacio (vivimos en un mundo globalizado) ni temporales (el derecho a la educación, hoy no se cumple con el acceso al sistema educativo, sino garantizando una educación y formación a lo largo de la vida), necesitamos una Ley educativa de consenso. En caso contrario existe el riesgo (ha ocurrido con la LOMCE y anteriormente con la LOCE) de que la nueva reforma no se aplique definitivamente.

No es tan complicado, como parece, conseguir un consenso y un pacto educativo. Solo haría falta voluntad política; porque, a pesar de que se traslada a la sociedad una permanente crispación y polarización en materia educativa, si leemos las últimas leyes educativas, podemos observar que a las fuerzas políticas les une más de lo que las separa. Se habla de novedades que no son tales y muchos de los debates, son artificiales, recurrentes y ya están resueltos.

Un ejemplo de lo que comento es que la Ley que sigue en vigor es la Ley 2/2006 de 3 de mayo, LOE ( del año 2006, modificada actualmente por la LOMLOE). Sobre esta Ley se incorporaron modificaciones por la LOMCE (año 2013); que a pesar de haber sido declarada expresamente como una Ley derogada, mantiene parte de sus modificaciones en el texto actual de la LOE.

Hay diferencias, sí, y de ellas hablaremos, pero hay mucho más en común y en lo esencial, tales como son los principios, de acuerdo con los valores de la Constitución española, y los fines que persigue la educación, que habrán de orientar la actividad de los centros docentes (artículo 108.5 de la LOE, de 2006, que se mantiene inalterable, hasta la fecha).

Nuestro sistema educativo muestra un fracaso estructural, a pesar de las diferentes reformas educativas, en conseguir que la educación sea el medio para conseguir parte de sus fines. La educación es el medio para que nuestros jóvenes alcancen la igualdad de oportunidades, para la inserción en la sociedad que le rodea y para la participación activa en la vida económica, social y cultural (artículo 2 de la LOE), en un entorno globalizado.

Hace pocos días, el informe de la OCDE Education at a Glance 2021, nos ponía nuevamente frente al espejo que refleja un panorama desolador para nuestra juventud. Es la cifra de jóvenes que no tienen empleo, ni cursan estudios en España (los conocidos como ninis). En España, en 2019 había un 19,2 % de población NEET (ni tienen empleo, ni están en educación, en sus siglas en Inglés) en la franja de edad de los 18 a los 24 años. Esta media anual se ha incrementado hasta el 22,0 % en 2020, lo que supone un aumento superior al 14 %.

Por su parte, la media de la UE22 ha pasado del 13,0 % en 2019 al 14,4 % en 2020, incrementos menores que en el caso de España, donde la tasa de desempleo juvenil es muy alta y afecta a la proporción de población NEET. Puedes leer AQUÍ una reflexión en torno a este problema, en prensa.

Situación que se agravará con la crisis económica provocada por la COVID-19. Tal y como señala este informe, en este tipo de situaciones, el desempleo crece mucho más intensamente entre la población joven que entre la adulta, como ya ocurrió en la crisis de 2008 (Bell & Blanchflower, 2011). Además, acceder al mercado laboral en periodos de recesión, tienen consecuencias económica y sociales duraderas en términos de ofertas de empleo, salarios, seguridad o bienestar (Scarpetta, Sonnet, & Manfredi, 2010).

Mientras sigamos fuera del consenso de acometer una reforma educativa, orientada por evidencias fruto de la evaluación comparativa con los países de nuestro entorno y conectada con el tejido productivo, la educación como garantía para la inserción de nuestros jóvenes en la sociedad que les rodea y para la participación activa en la vida económica, social y cultural de nuestro país será una promesa incumplida con las nuevas generaciones que se enfrentan a un futuro lleno de incertidumbres y con una cifra de desempleo que les excluye.

Esto convierte en papel mojado esa convicción del legislador (en el preámbulo de la LOE) que, a modo de promesa para futuras generaciones, señala «que una buena educación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos”; en tanto no se traduzca en una realidad para un sector tan importante de nuestros jóvenes.

Juan José Arévalo Jiménez

juanjoarevalo@gmail.com