26 Jun La inflación que padecemos.

Hoy padecemos una inflación de tipo económico que implica una pérdida de confianza en el futuro inmediato, al suponer una devaluación de nuestras fuentes de riqueza. Bajo este símil podemos analizar el exceso de normas educativas que genera incertidumbre en nuestro sistema educativo, con el aval de la falta de consenso para pactar una Ley que permanezca en el tiempo.

En España, el derecho a la educación está sometido a una inflación normativa, fruto de los intereses ideológicos de las fuerzas políticas que encuentran en el conflicto entre derechos y libertades fundamentales un campo de cultivo de controversia, pese a tratarse de un instrumento fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social en un Estado democrático y social.

La incapacidad demostrada de llegar a un acuerdo político en materia educativa y la vertiginosa transformación socio-cultural de nuestro país, ha tenido un reflejo en la proliferación de una política normativa que siempre surge como una quiebra del modelo educativo anterior. Porque vivimos bajo la promesa de derogar cualquier Ley orgánica, aprobada por el adversario político y, en este contexto, cualquier nueva Ley publicada ejerce un rol de satisfacción del objetivo cumplido.

La inflación normativa y la dispersión de las mismas (leyes orgánicas; leyes ordinarias, decretos, órdenes, resoluciones, instrucciones, circulares…) cuando no son claras y comprensibles para el profesorado o las familias, se convierten, en palabras de J. Alberto del Real Alcalá, Catedrático de Filosofía del Derecho, en “mera literatura a causa de que no es cumplida y resulta ineficaz”. Para este autor “el efecto más importante que genera una situación de inflación normativa como tendencia general de un Ordenamiento jurídico es que los destinatarios de la legislación no dan abasto para poder cumplirla, disminuyendo y devaluándose los actos de cumplimiento del Derecho e incrementándose los de incumplimiento, dado que no hay capacidad de atender el conocimiento de toda las normas y la consiguiente actitud de cumplimiento en razón del excesivo número de las mismas. Este es el efecto que genera habitualmente una legislación excesivamente extensa en relación a una determinada materia, la cual, a pesar de su gran cantidad de normas, en la praxis acaba reduciendo su eficacia real a no más del 30 o 40 % del contenido de las misma”

Decía Montesquieu que ‘las leyes inútiles debilitan a las necesarias’ y en el ámbito educativo las leyes necesarias deben perdurar en el tiempo y ser simples, claras, directas y accesibles, para cumplir con los fines perseguidos por el sistema educativo.

Afronta el profesorado un nuevo curso 22/23 extremadamente complejo. Tiene el cometido de programar, enseñar y evaluar a su alumnado, conforme a una nueva política educativa y, a fecha de hoy, no se han aprobado los Decretos del Currículo que desarrollan la normativa básica (LOMLOE) en la etapa de Educación Infantil y en los cursos impares de las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Se pretende un nuevo cambio formal sin preparación y aprendizaje de la organización que debe hacerlo efectivo. Empezaremos el curso 22/23, empezando a descubrir lo que tenemos que programar en el aula para enseñar y evaluar y con la incógnita de saber cual será la vida útil de la última Ley de educación,

La inflación continuada termina por empobrecer a la economía general de un país y en ese sentido afecta a la sociedad en su conjunto. La inflación de normas que padece el profesorado y la comunidad educativa, también empobrece nuestro sistema educativo. A fin de cuentas para la sociedad, la educación es un medio para extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza,

Al menos eso dice la Ley Orgánica de Educación de 2006.