LIBERTAD DE ELECCIÓN DE CENTRO Y SERVICIO PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN. - Juan Jose Arevalo Jimenez
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LIBERTAD DE ELECCIÓN DE CENTRO Y SERVICIO PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN.

Para unos, la libertad de elección de centro educativo forma parte de una libertad fundamental, un derecho importante para el conjunto de los derechos humanos.

Ciertamente, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, se reconoce que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Este derecho se traduce en nuestra Constitución en la libertad de enseñanza (artículo 27.1 b),  al lado del derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que estimen más oportuna para sus hijos (artículo 27.3) y la  libertad de creación de centros docentes (artículo 27.6), todo ello como garantía, para que los padres tengan derecho a escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos (artículo 4 de la LODE).

Una primera confusión surge con el papel de la enseñanza privada concertada, en el ejercicio de la libertad de elección de centro. Pues, en su regulación actual, no es una enseñanza subsidiaria de la pública. Lo deja claro la LODE y la LOE /LOMCE: la prestación del servicio público de la educación se realizará, a través de los centros públicos y privados concertados (artículo 108.5).

Para otros, la libertad de elección de centro educativo se traduce en un grave riesgo para la cohesión social, pues llevada a su extremo, afectaría al principio de igualdad de oportunidades, pues es un hecho objetivo que no todas las familias tienen la mismas posibilidades de elección y de acceso a cualquier tipo de centro público o privado concertado. El efecto, para quienes defienden esta postura, sería que el sistema educativo ahondaría en la segregación de la población más vulnerable.

La Ley 14/1970, General de Educación y de Financiamiento de la Reforma Educativa, y la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación, declaraban la educación como servicio público. La Ley Orgánica de Educación (LOE) y la LOMCE siguen y se inscriben en esta tradición.

El servicio público de la educación considera a ésta como un servicio esencial de la comunidad, que debe hacer que la educación escolar sea asequible a todos, sin distinción de ninguna clase, en condiciones de igualdad de oportunidades, con garantía de regularidad y continuidad y adaptada progresivamente a los cambios sociales. La LOE, en su exposición de motivos, lo deja claro al señalar que las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar individual como el colectivo. Para la sociedad, la educación es el medio de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social.

La LOMCE si bien introduce el criterio de la demanda social como un elemento a tener en cuenta en la programación de la red de centros públicos y privados concertados e incorpora entre los centros sostenidos con fondos públicos la posibilidad de concertar centros con educación diferenciada por sexos, mantiene unos criterios que limitan la libertad de elección de centros “cuando no existan plazas suficientes” (artículo 84.3 de la LOE modificado por la LOMCE). Por lo que deja en manos de las Comunidades Autónomas, atendiendo a sus políticas educativas que se reflejarán en la programación general de la enseñanza la tipología de centros (públicos o privados concertados) con los que atenderá la demanda social en educación.

En definitiva estaríamos ante un servicio público al que el ciudadano tendría derecho a acceder con una libertad de elección de centro educativo; algo difícil de conjugar si se plantea una libertad absoluta. No sólo por las limitaciones presupuestarias, sino porque ese servicio público tiene entre sus fines (LOE/LOMCE): la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad. Y este fin exige una distribución equilibrada de alumnos con necesidad de apoyo educativo, en los centros docentes.

En los comienzos del siglo XXI, las sociedades de los países modernos tienen la convicción de que es necesario mejorar la calidad de la educación, pero también que ese beneficio debe llegar a todos los jóvenes, con equidad, sin exclusiones. Una escuela inclusiva que no sólo debe garantizar el acceso al derecho a la educación, que se traduce en la elección de un centro educativo, sino que debe promover la permanencia y el progreso del alumnado en el sistema educativo, con el fin de preparar a la ciudadanía para la participación activa en la vida económica, social y cultural.

La actividad del Estado en materia de educación es obligada (representa el aspecto prestacional del derecho a la educación que resulta de los artículos 27.5 y 8 de la Constitución) y dado que se financia con impuestos al ser un servicio público, en mi opinión, debe

. Pues, si bien la educación no es exclusiva del Estado (también se presta por la iniciativa privada) cuando se presta con los servicios públicos, ésta se se concibe por resultar indispensable para la sociedad, en primer término.

Tenemos que armonizar la  libertad de elección de centro, con calidad y equidad del sistema educativo (dos caras de la misma moneda, como señala la LOMCE).  Por eso, siguiendo la reflexión de Fernández-Soria, a la hora de lograr un pacto sobre la libre elección, debería tomarse como punto de partida el coste que supondría para el bienestar social. Es mejor buscar la eficacia de todas las escuelas y hacerlas aceptables a las familias, que incitarlas a elegir, ya que no sólo es menos costoso, sino que preserva los fines sociales de la educación.

 

2 Comentarios
  • Tina Cervera
    Publicado a las 09:06h, 13 abril Responder

    Totalmente de acuerdo, hemos de hacer las escuelas públicas más eficaces y dotadas, más atractivas abriendo sus puertas a los padres y madres; para mostrarles que todo tipo de alumnado mejora con el trabajo cooperativo entre grupos heterogéneos. Que la libertad de elección sólo es posible si todos pueden elegir y eso es una utopia en estos momentos. Formemos a todas las escuelas, extrapolemos ideas de unas a otras, pensemos más en el alumnado, escuchemos sus necesidades y el beneficio será de todos. Porque todos formamos esta sociedad y todos nuestros alumnos son el futuro.

  • Carlos Jariod Borrego
    Publicado a las 17:20h, 14 abril Responder

    Parece que la conclusión de tu artículo se halla en sus líneas finales: «Por eso, siguiendo la reflexión de Fernández-Soria, a la hora de lograr un pacto sobre la libre elección, debería tomarse como punto de partida el coste que supondría para el bienestar social. Es mejor buscar la eficacia de todas las escuelas y hacerlas aceptables a las familias, que incitarlas a elegir, ya que no sólo es menos costoso, sino que preserva los fines sociales de la educación».
    O con otras palabras: el Estado decide por las familias. Según parece la libertad de elección de las familias puede suponer un riesgo para la cohesión social y a la equidad. Conclusión arriesgada e ideológica. Por otro lado, la búsqueda de la calidad educativa en todos los centros educativos, como se escribe en el post, no es incompatible con la existencia de diversos modelos educativos que puedan ser elegidos por las familias..
    Que la razón última para fomentar una opción -promoción de la enseñanza estatal- sea en última instancia económica, me parece sorprendente.
    Esta es una cuestión en la que la decisión está influida por concepciones políticas que no se deben camuflar con otro tipo de argumentos aparentemente técnicos.

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