La autonomía de los centros y la "cultura" del sistema, frente al COVID-19 - Juan Jose Arevalo Jimenez
16772
post-template-default,single,single-post,postid-16772,single-format-standard,et_monarch,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

La autonomía de los centros y la «cultura» del sistema, frente al COVID-19

En España, cada reforma educativa pretende avanzar en la concesión de un mayor grado de autonomía a los centros educativos. Sin embargo, ahora que las Instrucciones de las Administraciones hacen referencia a que sean los directores de los centros quienes adopten determinadas decisiones, para hacer frente a los escenarios de la pandemia del COVID-19, se ha producido un debate sobre la oportunidad e idoneidad de esta decisión. ¿Lo vemos?

La mayor crisis desde el reconocimiento de la educación como un servicio público en España, provocada por la pandemia del COVID-19, ha dejado patente, entre otros, dos hechos. El primero es la ausencia de  un pacto de Estado sobre educación, que ha vuelto a reproducirse a pesar de la gravedad del momento. No ha habido una respuesta acordada para hacer frente a la disrupción que supuso, para el sistema educativo, el confinamiento de la población decretado en marzo de 2020. Incluso esta falta de acuerdo en educación se ha traducido en un escollo para la aprobación de un Pacto Social de la reconstrucción, que sin embargo si ha existido para aprobar los documentos sobre Sanidad, Unión Europea y Reactivación Económica.

El otro hecho relevante, reconocido por todos, es que han sido los centros y el profesorado los que hicieron posible un modelo educativo a distancia que sustituyó, con la declaración del Estado de Alarma, la exigencia de la escolaridad obligatoria para el ejercicio efectivo del derecho a la educación. Así terminó el curso 2019-2020 y ahora con la posibilidad, cada vez más cerca, de un modelo educativo híbrido para el curso 2020-2021 las respuestas pasan, en gran medida, por las decisiones que tomen los centros educativos en el ejercicio de su autonomía.

El concepto de autonomía procede del ámbito de la gestión política-administrativa y está vinculado a la descentralización de las políticas educativas de nuestro país y las de nuestro entorno. Reconocida como uno de los instrumentos más potentes para mejorar la calidad del sistema educativo y responder al principio de equidad que garantiza la igualdad de oportunidades de nuestro alumnado, el debate se centra sobre el marco de seguridad que la Administración debe poner en la regulación del sistema educativo, para garantizar que las decisiones de los directores sean acordes con la normativa.

La autonomía de los centros docentes se entiende como la capacidad de decidir, administrar y gestionar libremente su programa de acción y sus recursos; siendo imprescindible un liderazgo pedagógico y administrativo fuerte, por parte del director (tal y como lo entiende la propia OCDE). Y ahora que las diferentes Instrucciones de las Administraciones señalan, para el curso 20-21, a la autonomía de los centros como fuente de la respuesta a esta crisis existe un debate sobre la oportunidad e idoneidad de delegar la toma de determinadas decisiones, en estas graves circunstancias en las que se entremezclan la protección de la salud y el ejercicio efectivo del derecho a la educación, en los directores de los centros educativos, por entender que algunas competencias y responsabilidades corresponden a los poderes públicos.

Los directores y el profesorado piden un marco seguro. Esta demanda, a mi modo de entender, es lógica, por varias razones; que trataré de explicar de forma breve.

La autonomía de centros se desarrolla atendiendo a un marco definido por la legislación vigente (artículo 120 de la LOE). En otro caso hablaríamos de autogestión; pero no del principio de la autonomía que se recoge en el artículo 1 de la LOE.

Por ejemplo, ¿Quién decide las condiciones de trabajo del profesorado, de producirse un confinamiento parcial o global en un centro educativo? ¿Cómo se articula la autonomía organizativa en esas circunstancias, en las que los centros educativos públicos no se mueven por el principio de autonomía de la voluntad, sino por el principio de legalidad?. En materia de autonomía pedagógica puedes leer algo al respecto, AQUÍ, con relación a la posibilidad de reducir el currículo escolar; en el BLOG inspecciondeeducacion.com

En España, los centros educativos tienen menor autonomía en la toma de decisiones que el conjunto de los países de la OCDE. Solo el 10% de las decisiones dependen exclusivamente del centro educativo, frente 34% de la OCDE o el 38% de la UE22. Los centros educativos tienen en general mayor participación a la hora de decidir sobre la organización de la instrucción educativa, mientras que para la planificación y estructuras del sistema educativo el nivel central o autonómico asume la mayor parte de las competencias. (Fuente INTEF). Este escaso margen de autonomía ha calado en la «cultura» de un sistema educativo en el que los directores y el profesorado (con mayor o menor incidencia dependiendo de la Comunidad Autónoma) están acostumbrados a recibir Instrucciones.

Por último,  el ejercicio de la autonomía está vinculada, entre otros factores, a la formación de los directores y al principio de colaboración y trabajo en equipo del profesorado. Si se les pregunta a los directores por áreas en las que tengan grandes necesidades de formación destacan las referidas al fomento de la colaboración entre los docentes y la gestión de recursos humanos (Páginas 226 y ss del Informe Talis 2018).

El hecho de que no existe una oferta adecuada de actividades de desarrollo profesional, que podríamos vincular con el ejercicio de la autonomía en los centros educativos, es una cuestión que señala el Informe Talis 2018 como impedimento para más de la mitad del profesorado (54 %) y casi la mitad de los directores (47 %) de secundaria de España, proporción notablemente más alta que la del promedio OCDE-30 (38 %) y la del Total UE-22 (39 %) en el caso del profesorado y también entre los directores (27 % promedio OCDE-30, 31 % Total UE-23), datos que ponen de manifiesto que la oferta de actividades de desarrollo profesional para el ejercicio de un liderazgo fuerte, tiene margen de mejora en España.

Sin comentarios.

Enviar un comentario.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

. Si continuas navegando por este sitio estás aceptando nuestras cookies. Más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar