La educación para la igualdad es cuestión del Proyecto Pedagógico. - Juan Jose Arevalo Jimenez
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La educación para la igualdad es cuestión del Proyecto Pedagógico.

La UNESCO recuerda que la educación para la ciudadanía global es una “perspectiva emergente” que debe estabilizarse y extenderse en los sistemas educativos de todo el mundo (UNESCO, 2015) con el objetivo de avanzar hacia sociedades más justas y pacíficas. Para que tenga sentido este concepto habrá de ir en conexión con una serie de valores, entre los que podemos destacar la igualdad de género.

La escuela en tanto que formadora de actitudes de los alumnos y alumnas ofrece una plataforma excelente para la superación de los prejuicios sexistas y para la provocación de un cambio en profundidad de las estructuras y las prácticas sociales no deseables.

La educación para la igualdad de mujeres y hombres es una acción de las Administraciones públicas, que se incluirá entre los fines del sistema educativo, atendiendo a las políticas públicas de igualdad que se incluyen en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta acción exige una atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio de igualdad entre mujeres y hombres.

El diccionario de la Real Academia Española define coeducar como enseñar en una misma aula y con un mismo sistema educativo a alumnos de uno y otro sexo. Esta definición hace referencia a un modelo de educación mixta (integrada, frente a diferenciada), en el que niñas y niños comparten y conviven en un mismo espacio educativo, reciben el mismo currículum escolar, utilizan los mismos materiales y son evaluados de la misma manera. Sin embargo en el ámbito educativo la coeducación supone, atendiendo a la definición de Santos Guerra, una “intervención explícita e intencionada para propiciar el desarrollo personal de los alumnos y las alumnas y aceptación del propio sexo, el conocimiento del otro y la convivencia enriquecida de ambos”.

Una correcta educación en esta materia supone una garantía de igualdad real de oportunidades académicas, profesionales y en general sociales, de tal modo que nadie por razones de sexo sea discriminado, parta de una situación de desventaja o tenga que superar especiales dificultades para los mismos objetivos.

Desde esta perspectiva, en un modelo de escuela inclusiva y de aprendizaje competencial, vinculado a la realidad cotidiana del alumnado, la coeducación debiera estar presente en cada una de las etapas educativas procurando su adecuación a las características psicopedagógicas de los alumnos y alumnas a los que se dirigen en consideración las exigencias curriculares de cada una de ellas.

Quienes cuestionan el modelo educativo consistente en la aplicación de un sistema que diferencia por sexos, ya sea en la admisión de los alumnos y alumnas, ya sea en la organización de la enseñanza, lo consideran inconstitucional por incurrir en una discriminación prevista en el artículo 14 de la Constitución española (que reconoce el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres).

¿Se puede educar en la igualdad entre hombres y mujeres en centros privados que escolarizan de manera diferenciada a niños y niñas? ¿Es discriminatoria la educación diferenciada por sexos, que se impartiría en ese tipo de centros?

Contestando a la segunda pregunta tendríamos resuelta la primera. Porque no se puede autorizar un centro privado con un carácter propio que sea contrario a la Constitución (el artículo 14 prohíbe cualquier tipo de discriminación). Es decir, un centro educativo con un proyecto educativo que reconozca entre sus valores, objetivos y prioridades, un trato desigual entre hombres y mujeres que provocara un resultado negativo, con un efecto perjudicial a un colectivo históricamente perjudicado, no sería legal.

Impugnado el artículo que reconocía, en la LOMCE, la educación diferenciada por sexos, como un modelo educativo no discriminatorio, el Tribunal Constitucional dictó la sentencia 31/2018, de 10 de abril de 2018 por la que reconoció la legalidad de este modelo, al que calificó de un “sistema meramente instrumental y de carácter pedagógico, fundado en la idea de optimizar las potencialidades propias de cada uno de los sexos”. Considerando que “para garantizar la promoción de esos valores, objetivos o principios (igualdad de hombres y mujeres), junto al ejercicio de la función general de inspección educativa que corresponde a los poderes públicos, resulta suficiente la cautela establecida en el artículo 83.4 de la LOE (modificado por la LOMCE) que impone a los centros concertados que eduquen diferenciadamente, y sólo a estos, la obligación de «exponer en su proyecto educativo las razones educativas de la elección de dicho sistema, así como las medidas académicas que desarrollan para favorecer la igualdad».

Daré una opinión al respecto. Si al Tribunal Constitucional se le pregunta sobre la constitucionalidad en el ejercicio de los derechos fundamentales, debe hacer una interpretación de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España (artículo 10.2 de la Constitución Española) y en este sentido se ratificó por nuestro país la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960, citada en la LOMCE (que avala la educación diferenciada por sexos en determinadas circunstancias). Dicho lo cual, el Alto Tribunal señala no tener criterio para pronunciarse sobre este modelo pedagógico y traslada la responsabilidad de supervisarlo a la inspección de educación, para valorar si cumplen con el propósito de educar en igualdad. Y es ahí donde estaría la clave del proceso:

Ahora el debate en la sociedad se centra en las posibilidades legales de sostener con fondos públicos este modelo de enseñanza diferenciada por sexos. Una controversia que podría acabar, nuevamente, ante el Tribunal Constitucional.

De ser así, la respuesta llegará pasados unos años. Mientras tanto ¿Qué papel tiene la inspección de educación en la supervisión de los proyectos educativos de los centros privados, para velar por la aplicación del principio, recogido en la LOE, de la igualdad entre hombres y mujeres?. Si te interesa lo puedes leer AQUÍ , en el blog profesional inspecciondeeducacion.com

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