¿Quién toma la decisión de cómo evaluar y calificar en este último trimestre del curso académico? - Juan Jose Arevalo Jimenez
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¿Quién toma la decisión de cómo evaluar y calificar en este último trimestre del curso académico?

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) señala entre los principios generales que inspiran el sistema educativo español, el de la autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares, atendiendo a las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros educativos (artículo 1).

La cuarentena educativa a la que nos ha obligado el coronavirus, requiere de actuaciones organizativas y curriculares acordes con la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos.

Hay que tomar decisiones y con cierta urgencia, porque nos encaminamos hacia el final del curso y la evaluación continua, formativa y formadora, que hasta ahora ha tomado parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, dará paso al reconocimiento social y certificación del aprendizaje de los alumnos en forma de calificación; transformación necesaria para adoptar la decisión  relativa a la promoción o titulación del alumnado.

En otra entrada de este BLOG, hice una reflexión sobre cómo afrontar la evaluación con equidad en este último trimestre del curso (puedes leerla aquí).

El concepto de autonomía procede del ámbito de la gestión política-administrativa y está vinculado a la descentralización de las políticas educativas de nuestro país y de las de nuestro entorno. A nivel educativo, tenemos tres niveles de decisión.

Reconocida con claridad (salvo que se recurra al Tribunal Constitucional) la capacidad de decisión del Estado y la de las Comunidades Autónomas, la autonomía de los centros educativos es un concepto en permanente construcción, consecuencia de la falta de consenso en política educativa. Más allá de la referencia a ser un factor que favorece la calidad de la enseñanza (artículo 2.2 de la LOE, que se mantiene por la LOMCE), el legislador, en la LOMCE, hace una crítica explícita a la ley anterior al regular esta cuestión, señalando que “pese a la reiteración formal de la LOE sobre la importancia de la autonomía, las encuestas internacionales siguen marcando este factor como un déficit de nuestro sistema”.

Fuente: Informe Pisa 2015. Pincha sobre la imagen para verla más grande.

PISA 2015, nos pone frente al espejo de una escasa autonomía de los centros educativos en España, para tomar decisiones. Sigue siendo una aspiración teórica, que a nivel práctico se demuestra notablemente insuficiente respecto a los países de la OCDE.

Al final, el amplio campo de desarrollo y ejecución del que disponen estatutariamente las Comunidades Autónomas para cumplir los principios y fines del sistema educativo es el que determina el mayor o menor ámbito de decisión concedido a los directores o directoras de los centros educativos para ejercer la autonomía organizativa, pedagógica y de gestión. Las diferencias son, en algunos casos, asombrosas.

Al final, el mayor o menor margen de decisión concedido a los directores y directoras de los centros educativos para ejercer la autonomía organizativa, pedagógica y de gestión que les reconoce la normativa, viene determinado, en definitiva, por el amplio campo de desarrollo y ejecución del que disponen estatuariamente las diferentes Comunidades Autónomas para cumplir los principios y fines del sistema educativo.  De este modo, se producen diferencias, en algunos casos asombrosas en la mayor o menor capacidad de decisión de los directores y directoras.

Teniendo en cuenta los tres niveles de decisión a los que ya hemos aludido (Estado, Comunidad Autónoma y centro educativo) hay que resolver y determinar cómo se organiza y se gestiona, desde el punto de vista del proceso de enseñanza y aprendizaje, el final del curso académico.

Leo en las noticias que existe división en el Consejo Escolar del Estado sobre cómo afrontar el final de curso, ante la emergencia planteada con el coronavirus. El Consejo Escolar del Estado es un órgano de participación de los sectores afectados en la programación general de la enseñanza y de asesoramiento del Gobierno de España. Entre sus competencias estarían aquellas cuestiones que, por su trascendencia, le sean sometidas por la Ministra con competencias en materia de educación.

Atendiendo a la noticia (puedes leerla pinchando aquí) existiría un borrador que vendría a señalar que ante estas circunstancias se plantea no avanzar en el temario y la implantanción de otras medidas para dar más facilidades a los alumnos; entre ellas, propone que las evaluaciones del tercer trimestre, aunque se realicen de forma telemática, sirvan para recuperar si están suspendidas las del primer y segundo trimestre. Se apostaría, también, porque los títulos de la ESO y de Bachillerato se puedan obtener obteniendo una evaluación positiva en el tercer trimestre en 4º de la ESO y en 2º de Bachillerato.

El asesoramiento de este órgano, de participación, no es vinculante para el Gobierno, que quizás convocará una Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas, para tratar de consensuar una decisión, en la incertidumbre de si se volverá a las aulas con tiempo suficiente  para retomar la educación presencial antes de que termine el curso.

Cualquier decisión que quisiera tomarse sobre evaluación y calificación del alumnado,ajena al marco actual, llevaría a dictar nueva normativa básica al respecto.

¿Por qué?. Porque las decisiones en materia de evaluación y calificación del alumnado (salvo en la definición de los elementos del currículo, entre otros, los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables), son competencia del profesorado.

Así nos encontramos que la Ley Orgánica de Educación otorga a los centros educativos la competencia de desarrollar y complementar, en su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en uso de su autonomía (artículo 6.bis), integrando los diferentes elementos evaluables y definiendo los procedimientos e instrumentos de evaluación. Porque es al profesorado al que le corresponde programar y la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (artículo 91).

Es el profesorado quien deberá determinar, con su programación docente, si se han logrado los objetivos y se han adquirido las competencias correspondientes en el nivel adecuado (artículo 20). Es el profesorado quien decidirá si la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica (artículo 28). Será el equipo docente quien considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes (artículo 2 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller). Y así un largo etcétera de artículos que reconocen de quién es la competencia en estos aspectos.

No olvidemos que las competencias una vez definidas en favor del profesorado son  irrenunciables y serán ejercidas  por ellos  (Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público), salvo que se las retiremos por la avocación de un órgano superior.

¿Quién conoce mejor la realidad de su contexto social, para tomar la decisión de detener, reforzar o avanzar en el proceso de aprendizaje?, ¿quién puede dar una mejor respuesta a la diversidad del alumnado? ¿quién ha de tomar y ha tomado hasta ahora las decisiones ante los posibles desfases curriculares?, ¿quién puede valorar en esta crisis, de una manera más objetiva, la dedicación, esfuerzo y rendimiento que hoy, en la medida de sus posibilidades, están realizando las familias, alumnado y profesorado, en el proceso de enseñanza aprendizaje?, ¿quién conoce mejor, el análisis y la valoración del consejo escolar del centro educativo sobre el funcionamiento del mismo, en estas circunstancias excepcionales?

Es el profesorado el que, en el ejercicio de la autonomía pedagógica que le confiere el sistema educativo, planifica, decide, desarrolla y acompaña el proceso educativo de los alumnos, con el asesoramiento y apoyo, si fuera necesario, de la Inspección de Educación.

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Les corresponde a ellos, en el ejercicio de sus competencias y dentro de la autonomía pedagógica definida en el marco legal, tomar las decisiones relativas al proceso de enseñanza y aprendizaje de sus alumnos, así como sobre la evaluación y calificación de los aprendizajes, como parte de este mismo proceso, en el tiempo que resta para finalizar el curso.

Hoy la respuesta más eficaz del sistema educativo, se ofrece desde el nivel de decisión de la autonomía de los centros. La dirección y el profesorado son, por tanto, los responsables de llevarla a cabo.

 

2 Comentarios
  • MIRYAM TEIJEIRO
    Publicado a las 19:45h, 04 abril Responder

    Hace mucha falta más concesión de autonomia a los Centros. Y precisamente ahora con la nueva Ley Orgánica ( LOMLOE) esa autonomía se verá más limitada aún con la modificación del art. 132 que quita atribución a las direcciones ante la aprobación de los elementos programáticos y esa misma competencia será atribuida al Consejo Escolar . Volvemos por tanto a lo de antes! La participación de la Comunidad Educativa es necesaria y beneficiosa pero los Centros no deberían quedar tan desamparados ante la toma de decisiones .

    • juanjo
      Publicado a las 20:37h, 04 abril Responder

      Interesante reflexión, máxime viniendo de una directora. Un saludo.

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