Reformar no supone poder cambiar. - Juan Jose Arevalo Jimenez
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Reformar no supone poder cambiar.

Cada Estado que integra la Unión Europea cuenta con un sistema educativo que es reflejo de la cultura y la historia de su país. En España el sistema educativo navega en el disenso permanente sobre el contenido del derecho a la educación y la libertad de enseñanza.

El trasfondo histórico desde el que se acometió la redacción del derecho fundamental a la educación en la Constitución Española (artículo 27) tuvo como resultado la definición de un marco educativo muy complejo que sólo es posible desarrollar en leyes orgánicas, con garantías de estabilidad, en un escenario de concordia y de compromiso con las generaciones futuras. Porque de la calidad de la educación que reciban nuestra infancia y juventud dependerá tanto el bienestar individual como el colectivo.

Las leyes orgánicas de educación, en España, revelan debates entre identidades irreconciliables que entienden el pacto como una derrota. No son debates de política educativa orientados por la evaluación (cuestión que coinciden en señalar la LOE/LOMCE/LOMLOE) que tengan por objetivo resolver los problemas endémicos que arrastra el sistema educativo español. Es un permanente debate electoral en el que se incorpora como consigna derogar la ley de educación anterior y una reforma del modelo de acceso y desarrollo profesional de los docentes. Esto último nunca llega.

Además es un debate atemporal que se limita a confrontar ideologías políticas. Gran parte del discurso de hoy reproduce los mismos argumentos que precedieron a la aprobación de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985; que curiosamente mantiene consensos en cuestiones que se reproducen, ante la ciudadanía, como grandes controversias.

En ese regreso permanente al pasado, hay una nueva realidad que condiciona la eficacia y la aplicación de cualquier ley de educación. El sistema educativo en España es descentralizado, lo que supone que el desarrollo legislativo y la ejecución de las leyes orgánicas de educación corresponde a las Comunidades Autónomas y a los centros educativos; por tanto la ausencia de un pacto en educación, además, hace inviable la aplicación integra de cualquier reforma educativa.

El recorrido de cualquiera de las leyes orgánicas de educación, sin consenso, en España es el mismo. Su plazo de aplicación gira en torno a los tres/cuatro años. Durante ese periodo de tiempo se interpondrán recursos de inconstitucionalidad por parte de los partidos políticos que no han participado de esta decisión y las comunidades autónomas y las corporaciones locales contrarias a la misma, en el marco de sus competencias, pondrán en marcha sus propias reformas al nuevo modelo, como ya han anunciado.

En materia curricular convivirá la LOMLOE, con la LOMCE durante el calendario de aplicación de la nueva normativa. Habrá nuevos reales decretos de enseñanzas mínimas que se desarrollarán vía decreto y a distinta velocidad por las comunidades autónomas; que a su vez dictarán órdenes, resoluciones e instrucciones. Los centros educativos habrán de modificar las programaciones didácticas, una vez más, para adaptarse a la nueva legislación con la permanente incertidumbre que provoca la inestabilidad regulatoria.

Y llegaremos al aula, el espacio donde el profesorado es el sistema educativo para nuestros niños y jóvenes. De los docentes depende, en gran parte, conseguir que los objetivos generales de cualquier Ley se transformen en logros concretos para el alumnado, que faciliten el máximo desarrollo de sus capacidades personales.

Ante una situación tan excepcional que nos conduce ante la peor crisis económica y social en democracia, provocada por la pandemia de la COVID-19 (llama la atención que no exista referencia alguna a la misma en la exposición de motivos del proyecto de LOMLOE) se ha vuelto a demostrar, con la LOMLOE, la imposibilidad de alcanzar un pacto estatal por la educación. Lo que supone reconocer que en el futuro se reproducirá esta falta de acuerdo.

En este escenario podría alzarse una reflexión, dado que el desarrollo del derecho a la educación en España, gira en torno a dos leyes orgánicas. La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) que presenta una mayor estabilidad regulatoria, desde la fecha de su publicación, y la Ley Orgánica que desarrolla los principios y fines del sistema educativo (LOGSE, LOCE, LOE, LOMCE y ahora LOMLOE), objeto de un permanente proceso de derogación.

El debate político e ideológico habría de centrarse en la LODE; en la que se regula el contenido de los derechos y obligaciones de los titulares del derecho a la educación, los prestadores del servicio (centros públicos y privados) y la financiación del servicio público de la educación, mediante la programación general de la enseñanza. A estas cuestiones se añadiría el Título II, referido a la equidad (que incluye la admisión del alumnado en centros sostenidos con fondos públicos) y el Título VIII referido a los recursos económicos destinado a financiar el sistema educativo, contemplados actualmente en la (LOE/LOMCE/LOMLOE).

De este debate y con el fin de alcanzar un pacto social por la educación habría de salir la Ley Orgánica que regule los principios y fines del sistema educativo (sobre los que coinciden prácticamente, en todos ellos, la LOE/LOMCE y la LOMLOE), las diferentes etapas y enseñanzas, la organización del profesorado, la participación autonomía y el gobierno de los centros educativos, en el que se incluye la dirección de los centros, la evaluación del sistema educativo con la regulación de la inspección de educación. Esta Ley pactada, en la que habría de oírse a la comunidad educativa y especialmente a los cuerpos docentes, daría estabilidad al sistema educativo.

¿Cuál sería el marco de trabajo y diálogo? Todas las Leyes (LOE, LOMCE, LOMLOE) miran a la Unión Europea.

La Unión Europea nos proporciona a través del método abierto de coordinación un nuevo marco de cooperación entre los Estados miembros, con objeto de lograr la convergencia entre las políticas nacionales de educación. En este espacio encontraríamos el apoyo necesario para la identificación y la definición común de objetivos, instrumentos de medida definidos conjuntamente (estadísticas, indicadores, directrices) y la definición de modelos educativos y el intercambio de las mejores prácticas (supervisión efectuada por la Comisión Europea), que servirían de base para un gran pacto educativo.

Vivimos en un mundo globalizado que afronta una realidad desconocida y un futuro lleno de incertidumbre para nuestros hijos e hijas ante los retos que supondrán la automatización y digitalización de puestos de trabajo, el envejecimiento de la población, los nuevos riesgos de exclusión social o las migraciones. En este nuevo mundo los adultos seguimos sin entender que el futuro ya no es nuestro y que nuestra obligación es comprender la educación como el derecho humano que ha de favorecer la comprensión y la tolerancia entre quienes piensan de manera diferente para poder alcanzar un acuerdo estable que sirva para cambiar el modelo educativo actual.

En próximas entradas en este blog y en inspecciondeeducacion.com iré analizando las novedades legislativas de la LOMLOE y en algunos casos podremos concluir, como ha pasado con todas las leyes educativas, que no toda reforma supone un cambio.

La primera reflexión, sobre este tema, girará en torno a la coeducación y la educación diferenciada por sexos.

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