Violencia de género y actividad docente. - Juan Jose Arevalo Jimenez
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Violencia de género y actividad docente.

Esta semana ha tenido una fuerte transcendencia, en los medios de comunicación, que los padres de un alumno de Segundo de ESO de un IES de Córdoba han denunciado a un profesor de dicho centro educativo, ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del propio municipio, al estar en desacuerdo con la participación de su hijo en una actividad realizada en el mismo, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre (noticia publicada en el diario ABC de Córdoba el 18/12/2019).

Siguiendo con la noticia, la Junta de Andalucía y el sindicato Ustea,  señalan que la actividad denunciada consistió en la proyección de un vídeo sobre Ana Orantes, la mujer granadina que fue asesinada en 1997, por su marido, tras denunciar el maltrato que sufría en un programa de Canal Sur (noticia publicada en el mismo periódico, con fecha 20/12/2019).

No ha transcendido mucho más del motivo de la denuncia, por lo que mi análisis irá dirigido, exclusivamente, a valorar, atendiendo a lo que conozco, la legalidad de la proyección de este vídeo a un alumno, el día señalado, sin contar con la autorización de sus padres.

Esta concreta denuncia, obliga a una reflexión sobre el significado del pluralismo como elemento representativo de una sociedad democrática; la suma relevancia que los derechos fundamentales tienen en nuestro modelo constitucional de convivencia y educativo; el papel que la Constitución asigna al Estado en materia de educación, el contenido que corresponde al derecho a la libertad ideológica y religiosa dentro del sistema educativo establecido por el Estado; el alcance del derecho reconocido a los padres a elegir la formación moral y religiosa  que desean reciban sus hijos y el límite que significan para esos dos derechos (la libertad religiosa e ideológica y de elección de la formación moral y religiosa que desean los padres que reciban sus hijos) otros derechos constitucionales como la libertad de cátedra de los docentes y el principio de educación común, definido en el artículo 4.2 de la Ley 2/2006 de 3 de mayo, Ley Orgánica de educación (LOE), que se traduce en la competencia, del Gobierno, de definir los elementos básicos de un currículo.

En nuestro país el derecho a la educación se ejerce con la escolarización obligatoria y el Estado se reserva el papel de garantizar, en democracia, que la educación tenga por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales (artículo 27.1 de la Constitución). A su vez se reconoce la libertad de cátedra al profesorado (en la sección 1ª de derechos  fundamentales y libertades públicas, del capítulo segundo de la Constitución) junto al derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa, si bien habrán de respetar, entre otras cuestiones, la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos.

Volvamos a la noticia. Un profesor, el día de Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre, proyecta un vídeo, con el que se presume pretende concienciar a los alumnos y alumnas contra esta lacra social.

Ese profesor imparte clase en un Instituto público, por lo que es un funcionario. Más allá de la libertad de cátedra, tiene una serie de obligaciones desde el punto de vista del código ético y de conducta de los empleados públicos. Debe actuar con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y su acción se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio (artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2015, del Estatuto Básico del Empleado Público). La condición de centro público fundamenta, aún más, la imparcialidad y neutralidad ideológica, pues éstos desarrollarán sus actividades con sujeción a los principios constitucionales, garantía de neutralidad ideológica y respeto de las opciones religiosas y morales a que hace referencia el artículo 27.3 de la Constitución (artículo 18 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación).

La LOE modificada por la LOMCE, asume en su integridad el contenido de lo expresado en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (así lo refleja en su Preámbulo). Recoge entre los principios del sistema educativo (artículo 1), el desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género. A su vez el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, obliga a que la programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género (artículo 6.2) al constituirse como un elemento transversal del currículo. Todo ello vincula la actividad del profesor.

El material utilizado por el docente sería el testimonio público de una víctima de malos tratos por su pareja. Fue asesinada posteriormente, una vez roto el vínculo matrimonial, por su expareja, en el que había sido el domicilio conyugal, tal y como falló la Audiencia Provincial de Granada Sección: en fecha: 16/12/1998. Estas circunstancias, determinan que la actividad encaje en la tipología de iniciativas y materiales que consagran, entre otras, las medidas de sensibilización ciudadana de prevención contra la violencia de género, reconocidas entre los principios y valores recogidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a los que ha de ajustarse toda la actividad educativa, tal y como establece la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Cabe concluir que la proyección y exposición del docente, en el caso de haber fomentado sentimientos y actitudes que favorezcan los valores que constituyen el sustrato moral del sistema constitucional y aparecen recogidos en normas jurídicas vinculantes, como es el caso, es constitucionalmente lícita, incluso en términos de promover la adhesión a los mismos, tal y como expresa la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras en la Sentencia (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7), de 11 mayo 2009.

En cuanto a la necesidad de contar con la autorización de los padres en un tipo de actividad que encaja dentro del currículo, entre las que se incluyen contenidos transversales (artículo 6.2, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato), debe recordarse que estamos ante una norma básica estatal, que desarrolla el derecho a la educación y vincula a toda la comunidad educativa. Siguiendo la interpretación del Tribunal Constitucional, hay que decir que, con carácter excepcional algunos aspectos básicos, del derecho a la educación, se regulan por el Gobierno en forma de Real Decreto cuando esa regulación resulte un complemento necesario para el fin perseguido por la reserva estatal.

Así pues, el sistema educativo que se asienta en los principios y valores constitucionales (artículo 1 de la LOE) establece que  los centros educativos han de orientar su actividad hacia el cumplimiento de los principios y fines de la educación establecidos en la Ley, entre los que se cita la prevención de la violencia de género (artículo 108.5) y, atendiendo a la noticia, se podría haber planteado alguna objeción, por parte de un padre, a la actividad del docente.

Es un debate que recuerda la pretensión, de algunas familias, del reconocimiento a la objeción de conciencia para no cursar, por parte de sus hijos e hijas, la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Controversia que fue resuelta por el Tribunal Supremo en Pleno en Sentencias de 1 de febrero de 2009. Doctrina que se reitera en sentencia de 6-05-2010 y posteriores de 17 y 21 de diciembre de 2010, que si bien reconoció la legalidad de la asignatura, puso de manifiesto, con la existencia de votos particulares a la sentencia y un previo de posiciones discrepantes de otros tribunales territoriales, el carácter polémico de esta cuestión.

Es un debate entre la moral y derecho, dos perspectivas de la educación en valores que son comprensibles y compatibles en democracia. La primera (la moral) es privativa, sin embargo los valores constitucionales se fundamentan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y son inspiradores e interpretadores de normas jurídicas, en materia educativa.

A modo de conclusión hay que decir que el ordenamiento jurídico no reconoce el derecho, de los padres, ni alumnos, a la objeción  de  conciencia frente  a la enseñanza de una determinada materia escolar, establecida en el currículo, no permitiendo que unos alumnos no asistan a clase, ante el desarrollo de la misma (sentencia del Tribunal Supremo de 12/11/2012).

Cuestión distinta al tema tratado, será el respeto a las distintas concepciones culturales, no recogidas en normativa vinculante para el profesorado; para las cuales será exigible una posición de neutralidad por parte del poder público. En una sociedad democrática, no debe ser la Administración educativa –ni tampoco los centros docentes, ni los concretos profesores– quien se erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas. Estas pertenecen al ámbito del libre debate en la sociedad civil, donde no se da la relación vertical profesor-alumno, y por supuesto al de las conciencias individuales. Todo ello implica la más exquisita objetividad y el más prudente  distanciamiento (sentencia del Tribunal Supremo sentencia de 11 de febrero de 2009 (casación 905/2009).

2 Comentarios
  • Germán Sánchez Sánchez
    Publicado a las 18:08h, 27 diciembre Responder

    Enhorabuena, como siempre, por la entrada. Soy Jefe de Estudios de un IES y cada día tenemos más problemas con algunas familias. En mi centro ha llegado a venir una familia a llevarse a sus hijos en una hora de tutoría porque había un taller sobre educación afectivo-sexual. Los E. Directivos no sabemos cómo actuar. Está complicado.

    • juanjo
      Publicado a las 17:59h, 03 abril Responder

      Gracias por tus reflexiones y disculpa la tardanza en contestar, por aquí.

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